ALBARRACIN, MARGARITA c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Margarita Albarracín.

¿A quién se demanda?

ANSES.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reajustes varios del haber previsional (PBU, PC y PAP) de un beneficio otorgado con fecha inicial de pago el 19/09/2019 bajo la ley 24.241, y la movilidad jubilatoria.

¿Qué se resolvió?

la Cámara hizo lugar al recurso de la actora y no hizo lugar al de la ANSES. Declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley 27.609, para lo cual el organismo deberá aplicar el IPC del INDEC con un cálculo trimestral comparativo a partir del empalme con las movilidades de la ley 27.426 (enero y febrero de 2021) y hasta la entrada en vigencia del Decreto 274/2024. Declaró la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018, impuso las costas de la instancia a la demandada y reguló honorarios a los profesionales de la parte actora en el 30% de lo fijado en primera instancia, sin regulación para la representación de la ANSES (art. 2, ley 27.423).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la inconstitucionalidad de la Ley 27.609, el voto del Dr. Pizarro sostiene: "Esta Alzada considera que el tratamiento de la inconstitucionalidad de la Ley N° 27.609 resulta central para resolver la cuestión de fondo y no admite postergación." Y agrega: "corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 1° de la ley N°27.609, a cuyos fundamentos me remito."

Sobre la redeterminación de la PBU, se afirma que "el carácter integral de los beneficios de la seguridad social, aspecto del que es parte esencial la correcta fijación del monto de los haberes", y que "La PBU integra el haber inicial (art. 17 de la ley 24.241), de modo que la integralidad que la Corte predica de este último alcanza también a aquella, cualquiera sea la fecha de adquisición del derecho." Respecto del método de medición de la merma, la Cámara señala que el cálculo de primera instancia "no mide la incidencia que la falta de actualización de la PBU tiene sobre el total del haber inicial", por lo que dispone que la incidencia "se determine en la etapa de liquidación", procediendo la redeterminación si "supera el 15%".

Sobre el impuesto a las ganancias, se ratifica "la inconstitucionalidad del art. 79, inc. c, de la ley de impuesto a las ganancias (actual art. 82)", señalando que "las jubilaciones no son una 'ganancia' o enriquecimiento con fines de lucro".

Sobre la Resolución SSS 6/2009, se sostiene que su art. 14 "crea un tope que no está previsto en el art. 24 de la ley 24.241, de donde surge un claro exceso reglamentario", y que la norma "viola el principio de razonabilidad".

Sobre las costas, se indica que la demandada "resultó vencida en lo sustancial de la pretensión" y que corresponde imponerle las costas de la instancia (arts. 36 de la ley 27.423 y 68 y 71 del CPCCN).

Se deja constancia de que el voto del Dr. Pizarro es el de mayoría, al que adhieren los Dres. Castiñeira de Dios y Pérez Curci, y que la resolución fue "por unanimidad".