ROMERO ROSA ISABEL c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Rosa Isabel Romero, en carácter de pensionista derivada de una jubilación (PBU-PC-PAP) otorgada conforme el art. 17 de la ley 24.241, con derecho adquirido el 15/11/2000.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

recálculo, liquidación y pago de diferencias del haber previsional, reajuste de haberes y declaración de inconstitucionalidad del sistema de movilidad vigente, con intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

el tribunal hizo lugar parcialmente a la demanda y dejó sin efecto la resolución impugnada. Admitió la excepción de prescripción del art. 82 de la ley 18.037 en los términos de los considerandos, declaró la inconstitucionalidad del art. 7 inc. 2 de la ley 24.463, ordenó a la ANSES practicar la liquidación en 120 días y poner al pago el haber recalculado, e impuso las costas por su orden. Diferió la regulación de honorarios hasta que exista suma líquida aprobada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente 'Sánchez, María del Carmen c/ Anses s/ Reajustes Varios', sentencia del 17/5/05, reivindicó la naturaleza sustitutiva que tienen las prestaciones previsionales y rechaza cualquier restricción al otorgamiento de jubilaciones y pensiones móviles..."

"...en virtud de la omisión del Poder Legislativo en las sucesivas leyes de presupuesto de cumplir con tal mandato –que conlleva el incumplimiento del mandato constitucional establecido en el art. 14 bis–, atento a la falta de movilidad a partir del 31/03/95..."

"...en los numerosos precedentes que esta Corte ha dictado en materia de movilidad se ha puesto particular énfasis en que los beneficios jubilatorios, que desde su determinación inicial se han vinculado con un promedio de salarios devengados, deben ajustarse de modo de dar adecuada satisfacción a su carácter sustitutivo..." (CSJN, 'Badaro', 26/11/2007).

Respecto de la ley 27.426, se consideró que la situación no estaba consolidada a la fecha de su entrada en vigencia, por lo que no hubo aplicación retroactiva. Respecto de la ley 27.541 y los decretos de emergencia, se consideró constitucional la suspensión de la movilidad mientras duró la emergencia, debiendo reanudarse la ley 27.426 hasta la entrada en vigencia de la ley 27.609. Sobre la ley 27.609 se rechazó el planteo de confiscatoriedad por no haberse acreditado un gravamen concreto. Los bonos a los haberes mínimos se consideraron ajenos al precedente "Badaro", y se rechazó el reclamo por ese concepto. En materia de impuesto a las ganancias se aplicó el criterio de "García, María Isabel c. AFIP" (CSJN, 26/3/2019).

La inconstitucionalidad del art. 9 inc. 3 de la ley 24.463 quedó sujeta a su aplicación confiscatoria (doctrina "Actis Caporale"). El planteo de porcentaje de sustitución según "Betancur" fue desestimado.