GAUTO MARTA ESTER c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Marta Ester Gauto.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reajuste por movilidad de un beneficio previsional otorgado al amparo de la Ley 24.241, recálculo del haber, pago de diferencias retroactivas con actualización monetaria, indemnización por daño moral, intereses y costas, con exención de la deducción del impuesto a las ganancias. Se cuestionó la Ley 27.426, la suspensión dispuesta por la Ley 27.541 y los Decretos 163/2020, 495/2020, 542/2020, 692/2020 y 899/2020, y las pautas de movilidad de la Ley 27.609 y del Decreto 274/2024.

¿Qué se resolvió?

rechazar la demanda; imponer las costas por su orden; regular honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 5 UMA.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la Ley 27.426: "[e]l resultado de aplicar el citado artículo 1º, da como resultado un valor inferior al que hubiese arrojado de aplicarse la movilidad prevista por la Ley 26.417 antes mencionada. Sin embargo, al comparar, soslaya un elemento fundamental. A saber, que la nueva fórmula otorga incrementos trimestrales en lugar de los aumentos semestrales previstos por el cuerpo normativo antes indicado".

Sobre la retroactividad: "la Ley 27.426, al modificar los índices previstos por la Ley 26.417 y aplicarlos sobre los haberes correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2017, legisla retroactivamente, en tanto modifica índices correspondientes a períodos ya transcurridos; no se observa que tal circunstancia genere al beneficiario una lesión en su derecho de propiedad".

Sobre la emergencia: "Con el dictado de las Leyes Nº 27.426 y 27.541 no resulta menoscabo de la propiedad protegida por el artículo 17 de la Constitución Nacional, porque no hay violación cuando por razones de necesidad se sanciona una norma que no prive a los particulares de los beneficios patrimoniales legítimamente reconocidos".

Sobre la inconstitucionalidad: "la declaración de inconstitucionalidad de las leyes... configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerada 'ultima ratio' del orden jurídico... resultando procedente únicamente cuando la repugnancia de la norma con la Constitución sea manifiesta, clara e indudable".

Sobre cosa juzgada: respecto de la actualización de la PBU, la redeterminación del haber inicial por servicios autónomos, la inconstitucionalidad del art. 9 de la Ley 24.463 y los topes legales, "se encuentran alcanzadas por los efectos de cosa juzgada".