BENTANCOURT FELIPE DANIEL Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE DEFENSA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

Felipe Daniel Bentancourt, Francisco Dante Bigi y Dardo Nestor Bourdieu, ex soldados conscriptos del Ejército Argentino.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional - Ministerio de Defensa.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reconocimiento de la condición de "veterano de guerra", emisión del certificado correspondiente y pago de los retroactivos de la pensión prevista por las Leyes 23.109, 23.848, 24.343, 24.652, 24.892 y Decreto 2634/90, con intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

el tribunal rechazó la demanda, impuso las costas en el orden causado y reguló los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en la suma de $423.964, más IVA si correspondiere, sin estimar honorarios de la asistencia letrada de la demandada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...los titulares fueron trasladados a la Costa Atlántica, en Jurisdicción del V Cuerpo de Ejército, con asiento en Bahía Blanca, pcia.de Buenos Aires, por lo que no cumplen con el requisito geográfico establecido por la Ley a fin de acceder a la pensión honorífica toda vez que el TOAS fue delimitado en una zona que no incluyó la llamada 'zona de despliegue continental'..."

"...sólo en relación al coactor Dardo Nestor Bourdieu se desprende que... no se registran antecedentes de que el causante haya sido trasladado con su Unidad durante el conflicto con el RUGB por las Islas Malvinas... sin que sus tareas sin mayores detalles descriptivos resulten suficientes argumentos como para declarar la inconstitucionalidad de la norma que excluye a la situación de los accionantes de sus disposiciones no sólo por la ubicación geográfica sino por la falta de acreditación específica y concreta respecto de la requerida situación de riesgo de combate que pueda considerarse sustitutiva de la efectiva entrada en combate que exige la norma..."

"...toda vez que la parte actora no logró acreditar los extremos exigidos para el otorgamiento la certificación prevista por las Leyes 23.848, 24.652, 24.892 y Decreto 886/05 para acceder al beneficio, no corresponde hacer lugar a la pretensión."

Respecto de las costas, el tribunal señaló: "Atento a que la cuestión ventilada involucra derechos de contenido alimentario y dado que la parte actora pudo creerse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden (conf. art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.)."