RODRIGUEZ, SILVIA HAYDEE c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS

¿Quién es el actor?

Silvia Haydee Rodriguez, por derecho propio, con patrocinio de la Dra. Fernanda Veronica Roman.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

impugnación de la Resolución N° RBO-B 01716/24 (UDAI Bahía Blanca, 12/12/2024), reconocimiento del derecho al ajuste por movilidad y cancelación de los retroactivos devengados. Se pidió además la inconstitucionalidad de las leyes 27.426, 27.541 y 27.609, del art. 9 de la ley 24.463 y del art. 82 inc. c) de la ley 20.628.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la excepción de prescripción liberatoria respecto del período anterior a los dos años previos al reclamo administrativo; se rechazó parcialmente la demanda; se rechazó la inconstitucionalidad de las leyes 27.426 y 27.541 y se ordenó a ANSeS integrar el haber con las diferencias resultantes; se declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.609 desde 2022, ordenando actualización trimestral (marzo a diciembre) con fórmula 50% IPC Nivel General y 50% RIPTE, hasta el trimestre enero-marzo de 2024 inclusive; se declaró la inconstitucionalidad del art. 9 inc. 3 de la ley 24.463 solo para el caso de confiscatoriedad acreditada en la liquidación; se declaró la inconstitucionalidad del art. 82 inc. c) de la ley 20.628 si el recálculo, el retroactivo o los intereses superan el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias; se rechazaron las restantes inconstitucionalidades; costas a la vencida; honorarios diferidos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por lo tanto, corresponde hacer lugar a la excepción planteada, la que habrá de operar para el período transcurrido hasta los dos años anteriores tal fecha."

"Conforme lo allí señalado, respecto al período mencionado, '…se generó un apartamiento progresivo entre la movilidad aplicada y los mencionados indicadores, que arroja como resultado una depreciación acumulada para los haberes de pasividad en el período comprendido entre los meses de enero de 2021 a marzo de 2024, del 97,29% en relación al IPC y del 66,18% en comparación al RIPTE, que implican en la práctica una pérdida del poder adquisitivo real de entre el 33,70% (RIPTE) y el 49% (IPC)'."

"Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas oportunidades, que, en la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal, es el interesado quien debe demostrar y probar de qué manera se vulneran derechos o garantías constitucionales, causándole un gravamen irreparable, (fallos 310:211), no resultando, la sola invocación de ser la norma objetada violatoria de la Constitución Nacional, suficiente para obtener la declaración de inconstitucionalidad pretendida."