DADON VICTOR CARLOS Y OTRO c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/ACCION DE AMPARO

Actor (amparistas): Agentes fiscales de la AFIP encuadrados en el "Grupo 8" del convenio colectivo de trabajo del organismo (Laudo n° 15/91).

¿A quién se demanda?

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la disposición AFIP n° 290/2002, que ordenó detraer de las cuentas bancarias "honorarios de agentes fiscales" y "honorarios de abogados" los importes correspondientes a sueldo anual complementario, contribuciones patronales sobre nómina salarial y plus vacacional, antes de distribuir esos honorarios.

¿Qué se resolvió?

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala IX) confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar al amparo. La AFIP interpuso recurso extraordinario federal. La Procuración General dictaminó que el recurso es admisible y propuso revocar la sentencia, salvo en lo referido a la aplicación retroactiva de la disposición.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...no se advierte que lo resuelto contraríe, sustancialmente, el plexo normativo en cuestión. Recuérdese que, por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la hermenéutica indagar lo que ellas expresan jurídicamente..."

"...la disposición n° 290/02 cuenta con fundamentos suficientes en derecho."

"...no se considera razonable que, apartándose del temperamento referido, una regulación contra terceros favorable a los agentes públicos, les genere, además, en punto a los honorarios, el derecho a adicionales remuneratorios a cargo del Estado Nacional, así como las correspondientes contribuciones que se devenguen en relación a los citados estipendios..."

"...el proceder administrativo que, al liquidar los honorarios de los actores practicó las detracciones referidas desde diciembre de 2001, cuando no había precepto que así lo autorizara dado que las mismas fueron recién impuestas por resolución de junio del año siguiente, contravino el principio de irretroactividad legal (art. 3°, C.C.), y con ello, la garantía legislada en el artículo 17 de la Constitución Nacional..."