INDEPRO SA c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y OTRO s/AMPARO

Actor (recurrido en amparo): Indepro S.A.

¿A quién se demanda?

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), recurrente extraordinaria.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

impugnación de la resolución (DV PRSE) N° 10/02 de la AFIP, del 8/10/02, que denegó la habilitación de la cuenta corriente computarizada y la acreditación de bonos de crédito fiscal por incumplimiento del nivel de ocupación de mano de obra comprometido entre diciembre de 1997 y diciembre de 1998.

¿Qué se resolvió?

la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó la sentencia que había declarado ilegítimo el decreto 839/97 y hecho lugar al amparo, sosteniendo que la ley 23.658 sólo faculta a otorgar, entregar o transferir bonos, no a denegar su acreditación, y que la autoridad de aplicación del proyecto era la Provincia de Catamarca (la que luego readecuó el proyecto reduciendo el personal exigido).

Qué propone la Procuración General: que la apelación extraordinaria es formalmente admisible porque se declaró la invalidez constitucional de un decreto federal (art. 14, inc. 3°, ley 48); que el art. 1° del decreto 839/97 no es clara, palmaria ni manifiestamente contrario a las leyes 22.021, 22.702 y 23.658; que la declaración de inconstitucionalidad es ultima ratio y no cabe en el limitado marco del amparo; que el proyecto de la actora fue aprobado también en el régimen de la ley 23.658, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía (que puede delegarla, art. 18), y que el art. 23 de dicha ley prevé la suspensión de bonos ante incumplimientos. Concluye en revocar la sentencia en cuanto fue materia de recurso extraordinario, sin que ello implique juicio sobre la legitimidad de la pretensión sustancial de la amparista.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ya desde sus orígenes, ha sostenido el Tribunal que es elemental, en nuestro sistema constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolos con el texto de la Ley Fundamental para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella (Fallos: 33:162)."

"Por ello, es asentada doctrina que el art. 21, inc. d), de la ley 16.986 halla su quicio en tanto se admita el debate de inconstitucionalidad en el ámbito del proceso de amparo, cuando al momento de dictar sentencia se pudiese establecer si las disposiciones impugnadas resultan o no clara, palmaria o manifiestamente violatorias de las garantías constitucionales que este remedio tiende a proteger."

"...la declaración de inconstitucionalidad es la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico..."