DROGUERIA ARIES S.A. c/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA.-

¿Quién es el actor?

Droguería Aries S.A., con sede en Rosario (Santa Fe).

¿A quién se demanda?

Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de General Pueyrredón. Interviene como tercero interesado el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 10.606, de los arts. 1°, 2°, 6°, 14 y 23 inc. c) de la ley 11.405, de los arts. 1° y 2° de la Ordenanza Municipal N° 7.124 y del art. 1° de su Decreto N° 1.841/90, a fin de poder comercializar libremente productos medicinales de venta libre registrados por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la ley 17.565, el Decreto 2284/91 y el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.

¿Qué se resolvió?

la Procuración General aconseja rechazar la demanda. Fundamentos principales:

"Al haber cesado en ella y devuelto los medicamentos existentes al momento del cierre, a los laboratorios de donde provenían, tal como lo indica la Decisión N° 28/99 (fs. 257) y no contar con la habilitación expedida por la Autoridad Sanitaria Nacional que prevé el Decreto N° 1299/97 [...], es evidente que en la actualidad no puede comercializar ningún medicamento. De ahí que, no se encuentre alcanzada por las normas provinciales y municipales que cuestiona y, por ello, no existe, en el sub lite, una actividad administrativa que lesione un interés legítimo."

"[...] no se configura un 'caso' o 'causa', previsto en el art. 2° de la ley 27 -que, ciertamente, son los únicos en los que el Poder Judicial puede ejercer su jurisdicción-, porque no se da una controversia actual y concreta que autorice a calificarlo como tal [...] la pretensión de la actora se ha transformado en una consulta sobre una determinada situación o en un pedido de declaración general y directa de inconstitucionalidad."

Requisitos de admisibilidad de la acción declarativa, según Fallos 307:1379 (Santiago del Estero c/ Estado Nacional): actividad administrativa que afecta un interés legítimo, afectación suficientemente directa y concreción bastante de esa actividad.