ZOFRACOR S.A. c/ ESTADO NACIONAL s/AMPARO.-

¿Quién es el actor?

Zofracor S.A., concesionaria de la Zona Franca ubicada en la Provincia de Córdoba.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional. Intervino como tercero la Provincia de La Pampa, a través de su Fiscal de Estado.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

nulidad absoluta e inconstitucionalidad del decreto 285/99 (decreto de necesidad y urgencia) que otorgó beneficios a la Zona Franca La Pampa (General Pico). Luego, con el hecho nuevo, la actora pidió también la inconstitucionalidad del art. 86 de la ley 25.237 (Presupuesto 2000), que ratificó el decreto.

Qué se dictaminó: el dictamen sostiene que el decreto 285/99 es nulo por oponerse al art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional, dado que contiene beneficios tributarios (aduaneros, impositivos y de seguridad social) de competencia exclusiva del Congreso. Propone hacer lugar a la demanda y rechazar la inconstitucionalidad del art. 86 de la ley 25.237.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"V.E. ha tenido oportunidad de reafirmar en forma contundente la irrestricta vigencia del principio de legalidad en materia tributaria... esta regla no tiene fisura aun cuando se tratase de decretos de necesidad y urgencia".

"corresponde al Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales el Poder Ejecutivo dicta decretos de necesidad y urgencia".

Sobre el hecho nuevo: "resulta claro que no podría ratificarlo en forma retroactiva, extremo que impide otorgar razón a la demandada en cuanto pretende que se declare abstracta la cuestión".

Respecto del art. 86: "nada obsta para que... se le otorguen alcances para el futuro... pues... la intención del legislador ha sido la de adoptar y conferir rango legal a las disposiciones del decreto 285/99".

Sobre el art. 20 de la ley 24.156: "la ley 24.156 no se diferencia, en cuanto a su jerarquía normativa, del resto de las leyes... y, por ende, resulta equiparable a la ley 25.237".

Sobre la inconstitucionalidad de leyes, cita doctrina de la Corte: debe ser "ultima ratio del orden jurídico" y requiere planteo expreso y demostración de la incompatibilidad, lo que según el dictamen no se cumplió en el escrito de fs. 434/440.