SANTIAGO DEL ESTERO, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Provincia de Santiago del Estero, representada por su Fiscal de Estado Raúl Julio César Abate.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional (no presentado en autos).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad de los decretos (PEN) 561/2019 y 567/2019 y de las resoluciones generales (AFIP) 4546/2019 y 4547/2019, con nulidad de los actos administrativos dictados en su consecuencia. Se solicitó además una medida cautelar y la restitución de sumas no ingresadas a la masa coparticipable (4,29%).

¿Qué se resolvió?

la Corte declaró que la causa corresponde a su competencia originaria y declaró la falta de legitimación activa de la provincia, rechazando in limine la demanda. Para la mayoría, la Ley 23.548 y el Consenso Fiscal sólo reconocen a las provincias el derecho a participar en el producido de los impuestos ya recaudados, sin derecho a un determinado nivel de recaudación ni a que se establezcan o mantengan ciertos impuestos. Por tanto no existe caso contencioso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

la Corte expresa que "la legitimación procesal para demandar (o ser demandado) presupone la existencia de una relación jurídica sustancial" y que "la relación jurídica derivada del régimen de coparticipación entre la Nación y las provincias no otorga a estas últimas derecho ni expectativa alguna respecto de un determinado nivel de recaudación por parte del Estado Nacional". Agrega que "las decisiones del gobierno nacional, previas a la efectiva percepción de los impuestos nacionales, relacionadas con la expansión o retracción de la presión tributaria sobre determinadas actividades económicas o cierta clase de contribuyentes, no son del resorte de las provincias, sino exclusivamente del gobierno nacional". Y sostiene que "dar curso a esta acción implicaría alterar las bases de la división de poderes vigente en nuestro país". Como fundamento subsidiario, el tribunal señala que tampoco se acreditó peligro en la demora ni irreparabilidad del daño, dado que "tratándose de una reclamación monetaria, la presunción es exactamente la contraria".