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MONTEZANTI, NESTOR LUIS c/ CAJA DE PREVISION SOCIAL DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s/VARIOS
La Corte Suprema hizo lugar a la queja de la Caja de Previsión Social para Abogados bonaerense y dejó sin efecto la sentencia que había declarado inconstitucional la incompatibilidad entre la jubilación local y el cargo de juez federal de un abogado. El tribunal consideró que la sentencia local se limitó a aplicar dogmáticamente el precedente Rebagliati sin ponderar las diferencias del caso, y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
¿Quién es el actor?
Néstor Luis Montezanti, abogado y jubilado anticipado por la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que se desempeñaba como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
¿A quién se demanda?
Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
efectivización del beneficio jubilatorio anticipado, cuyo pago había sido postergado por la incompatibilidad del artículo 45, párrafo tercero, de la ley 6716 con el desempeño de la magistratura federal; se pretendía el cobro de los haberes desde la fecha de solicitud.
¿Qué se resolvió?
la Corte Suprema hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia de la Suprema Corte bonaerense, ordenando el dictado de un nuevo fallo. Se declaró abstracto el asunto para el futuro tras la renuncia del actor al cargo (decreto 427/16), subsistiendo el interés por los haberes anteriores.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
el dictamen de la Procuración General, al que la Corte remitió, sostuvo que la sentencia local incurrió en arbitrariedad al limitarse a remitir al precedente "Rebagliati" (Fallos: 310:2039), que versaba sobre el artículo 44, párrafo segundo, de la ley 6716 (cancelación de la matrícula), mientras que aquí se discutía el artículo 45, párrafo tercero (incompatibilidad con cargos judiciales). Señaló que: "la insuficiente justificación del fallo alcanza mayor trascendencia, tan pronto se advierte que la decisión de la juzgadora vino a convalidar, en definitiva, la declaración de inconstitucionalidad del precepto", lo que constituye la ultima ratio del orden jurídico. Concluyó que "la decisión que no se hace cargo concretamente de ellos y que se reduce a la aplicación dogmática de un precedente de la Corte, carece de suficiente fundamentación y debe invalidarse jurisdiccionalmente". La Procuración advirtió que la solución no anticipa opinión sobre el fondo.
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