Carlos Alberto Rebagllati ~. Caja de Prevision Social Para Abogados de la Provincia de Buenos Aires

¿Quién es el actor?

Mario Eduardo Firmenich (imputado en la causa principal), a través de su defensa.

¿A quién se demanda?

Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que rechazó la declinatoria de competencia.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Que se declarara la incompetencia de la Cámara Federal de San Martín y se remitiera la causa al tribunal que correspondía, alegando la violación de la garantía del juez natural (art. 18 CN) y de las disposiciones de la ley 21.161.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría, se confirmó la resolución de la Cámara Federal que rechazó la declinatoria de competencia. Se fundamenta en que:

> "[...] las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia, aun en casos de silencio de ellas, se aplican de inmediato a las causas pendientes [...] la facultad de cambiar las leyes procesales es un derecho que pertenece a la soberanía y no existe derecho adquirido a ser juzgado por un determinado procedimiento [...]"

> "[...] el objeto del artículo dieciocho de la Constitución ha sido proscribir las leyes ex post facto, y los juicios por comisiones nombradas especialmente para el caso [...] que estas garantías indispensables para la seguridad individual no sufre menoscabo alguno cuando a consecuencia de reformas introducidas por la ley en la administración de la justicia criminal, ocurre alguna alteración en las jurisdicciones establecidas [...]" (Fallos: 17:22).

> "[...] las disposiciones legales invocadas por el recurrente, que imponen la conformidad de las partes para la radicación en nuevos tribunales de las causas en trámite, se refieren claramente a los juzgados de primera instancia creados por la propia ley 21.161, pero no a la Cámara de Apelaciones [...]"

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sostienen que el recurso extraordinario es improcedente porque la resolución que resuelve una cuestión de competencia no constituye sentencia definitiva, en tanto no medie denegación del fuero federal ni privación efectiva de justicia, y que la alegación de arbitrariedad o de garantías constitucionales no suple esa falta de definitividad.