VAZQUEZ LLULL, NELSON JOSE c/ EN-M SEGURIDAD-GN-LEY 19349 s/AMPARO LEY 16.986

¿Quién es el actor?

Nelson José Vázquez Llull, por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional - Ministerio de Seguridad - Gendarmería Nacional.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de amparo solicitando el cambio de destino del actor al Escuadrón 51 “Fontana” o a cualquier unidad más cercana a la ciudad de Resistencia (Chaco) para garantizar la continuidad del tratamiento y la atención de su hijo con trastorno generalizado del desarrollo y certificado de discapacidad.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y se confirmó la sentencia apelada que hizo lugar al amparo y ordenó la adopción del cambio de destino conforme solicitado; las costas de esta instancia se impusieron a la recurrente vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación precisó, desde Fallos: 239:459, ese carácter excepcional de la acción y exigió, como uno de los requisitos inexcusables para su viabilidad, la inexistencia de otras vías legales idóneas para la protección del derecho lesionado, o que la remisión a ellas produzca un gravamen serio no susceptible de reparación ulterior (doctrina de Fallos: 263:371, considerando 6°; 270:176; 274:13; 293:580; 294:452; 295:132; 301:801; 303:419 y 2056, entre otros). Esta doctrina sobre el alcance de la acción de amparo y su carácter de vía procesal excepcional no ha sido alterada, sin más, por la inclusión de ella en la reforma constitucional del artículo 43 introducida en el año 1994. Esta norma, al disponer que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo” mantiene el criterio de considerar que la acción es inadmisible cuando por las circunstancias del caso concreto se requiere mayor debate y prueba y por tanto no se da el requisito de la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la lesión de los derechos y garantías constitucionales (Fallos: 275:320; 296:527; 302:1440; 305:1878; 306:788; 319:2955 y 323:1825; entre otros). En el caso, las constancias documentales incorporadas a la causa, entre las que se encuentran los informes médicos y socioambientales producidos por la propia demandada, permiten examinar las necesidades de asistencia del niño y los fundamentos de la negativa al traslado, sin que se advierta la necesidad de un mayor debate y prueba. Asimismo, la naturaleza de los derechos comprometidos y las consecuencias que, según aquellos informes, podría ocasionar la ausencia paterna justifican una respuesta oportuna. En tales condiciones, corresponde desestimar el agravio dirigido a cuestionar la idoneidad de la vía elegida."

"En el informe del 15 de noviembre de 2024, la Junta Médica Regional Chaco dejó constancia de haber examinado al niño y considerado la documentación sanitaria acompañada. Si bien reconoció que en el destino del actor existían servicios y profesionales especializados, recomendó la continuidad del plan de tratamiento en Resistencia, atendiendo a los antecedentes y a la evolución favorable documentada. También señaló que el niño requería asistencia total y permanente, con intervención de profesionales de distintas especialidades. En particular, sostuvo que la continuidad con los profesionales conocidos y el desarrollo en ambientes habituales, junto a su núcleo familiar, resultarían favorables para su crecimiento. Como contrapartida, advirtió que las ausencias familiares prolongadas, las mudanzas y los cambios de profesionales podrían desencadenar un proceso emocional negativo para su desarrollo."

"En efecto, si bien la existencia de profesionales y centros especializados en el destino del actor fue una circunstancia expresamente considerada por la Junta Médica Regional, ese organismo recomendó mantener el tratamiento en Resistencia por la evolución favorable del niño y por la importancia de conservar sus vínculos terapéuticos y su entorno habitual. Por lo tanto, la disponibilidad de prestaciones médicas en otra jurisdicción no bastaba para desestimar el pedido. Era necesario ponderar, además, las consecuencias que el cambio de residencia y de profesionales podía ocasionar en el desarrollo del niño, así como la incidencia de la ausencia paterna en su tratamiento. En esas condiciones, se advierte que el alegado régimen de movilidad de la institución constituye un aspecto vinculado con la organización general del servicio, pero no explicó, en el caso en concreto, por qué las circunstancias sanitarias acreditadas resultaban insuficientes para acceder al cambio de destino."

¿Cómo votaron los jueces?

No constan votos en disidencia; la resolución final confirma la sentencia apelada por mayoría.