Recurso Queja Nº 1 - MARTOS MARIO FABIAN Y OTROS c/ EMPRESA SAN JOSE SA Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)

¿Qué se resolvió en el fallo?

Caducidad de instancia: capacidad de las personas recluidas en virtud del artículo 12 del Código Penal

La cámara confirmó la sentencia que, en el marco de una demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito, había declarado operada la caducidad de instancia acusada por los demandados. El actor interpuso recurso extraordinario donde señaló que él actuaba por derecho propio y que durante el período de inactividad considerado por el tribunal se encontraba inhabilitado civilmente en virtud de hallarse privado de su libertad a raíz de una condena en sede penal, por lo que el procedimiento debería considerarse suspendido en razón de lo dispuesto en el artículo 12 del Código Penal que establece que la reclusión y la prisión por más de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena.

La Corte dejó sin efecto la sentencia recurrida por afectar la garantía de defensa en juicio al utilizar una fundamentación dogmática para apartarse de la norma aplicable y omitir un análisis razonado de los argumentos conducentes para la solución del pleito.

Expresó que la debida fundamentación de la sentencia para ser considerada un acto jurisdiccional válido exigía que la cámara, para confirmar la caducidad de la instancia, se pronunciara sobre el alcance de la inhabilitación absoluta de los condenados a prisión por más de tres años prevista en la norma mencionada y sobre los efectos de la misma respecto de la actuación por derecho propio en una causa civil de contenido patrimonial. En efecto, el actor había esgrimido en su apelación fundamentos conducentes para sostener que la interpretación y aplicación que la jueza hizo de dicha norma en el caso concreto importó prescindir de la protección prevista por el legislador respecto de los intereses patrimoniales de las personas condenadas a prisión, lo cual afectó su derecho de defensa en juicio y a un debido proceso al declarar la caducidad de la instancia por no haber efectuado actos impulsorios durante su reclusión, no obstante que no se le había designado un curador.