HALLAR JORGE DANIEL (HOY EN SUCESION) c/ BASCARY CLAUDIA ELIZABETH DEL VALLE s/ DESALOJO

¿Quién es el actor?

HALLAR JORGE DANIEL (hoy en sucesión).

¿A quién se demanda?

BASCARY CLAUDIA ELIZABETH DEL VALLE.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Restitución y desalojo del inmueble identificado con Matrícula Registral T-31417 (Tafí), sito en Ruta Provincial N°341, Km 18,5 L/C 2, Raco, Provincia de Tucumán.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada; se confirmó la sentencia de fecha 19/06/2024 que hizo lugar a la demanda de desalojo y ordenó la desocupación en 10 días desde la ejecutoria; costas de la segunda instancia a la apelante; reserva sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los pasajes más relevantes del fallo (texto original):

“…la demandada ofreció la siguiente instrumental:

a) "Contrato de compraventa de inmueble y cosas muebles" del 13/07/2009 -sellado por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán-, sobre el inmueble en litigio; suscripto por la Sra. Olga Eudosia Hallar -causante del citado sucesorio- y el Sr. Juan Omar Cuezzo, tercero ajeno a este proceso. Sumado a que constituye un instrumento privado carente de certificación alguna y cuya autenticidad fue cuestionada por la parte actora, sin que se produzca prueba pericial caligráfica ofrecida por no haber sido acompañado el original por la demandada. Véase que en la primera audiencia el Juez interviniente señaló la imposibilidad de realizar tal prueba con una fotocopia; la Sra. Bascary negó tener el original; y al oficiarse a la Escribanía Scarso -a los fines de que se remita el mismo-, en fecha 28/12/2023 informó en el CPD3 que "...no existe ningún Contrato de Compraventa de Inmueble y Cosas Muebles, de fecha 13 de julio de 2009, suscripto entre Olga Eudosia Hallar, DNI Nº4.456.323, y Juan Omar Cuezzo, DNI Nº27.210.915".

…

d) Boletas de la SAT y EDET -algunos con sus correspondientes comprobantes de pago- que sólo acreditan la tenencia pero no el animus domini alegado por la accionada. Y es que el pago de tales servicios puede ser efectuado por un tenedor en su carácter de tal. Es decir, tales documentos son propios de cualquier ocupación ya que si no se abonan se cortan, por lo que sólo demuestran que la demandada se encuentra en el inmueble.

…

Sabido es que la posesión en nuestro ordenamiento requiere de corpus y de animus (artículo 1909 del CCyCN: “Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no”). El elemento material, el corpus, podría darse por cumplido en el sub lite, ante la tenencia del inmueble demostrada por la demandada Bascary, corroborada por los testigos o la demás prueba documental.

Sin embargo, el animus o la intención de tener la cosa bajo su poder como dueña, debe probarse en el origen o causa de la posesión o, en su caso, ha de acreditarse la interversión del título. La ley no deja librado a la sola voluntad cambiante del tenedor la mutabilidad del carácter de la tenencia, por eso, "...nadie puede cambiar la especie de su relación de poder, por su mera voluntad, o por el solo transcurso del tiempo. Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, y sus actos producen ese efecto” (artículo 1915 del CCyCN).

…

Por lo expuesto, no habiendo logrado probar la demandada la verosimilitud de su argumento defensivo, la decisión de hacer lugar a la demanda incoada en su contra es correcta y debe ser confirmada. En consecuencia, se rechazará la apelación interpuesta confirmando la resolución apelada e imponiendo las costas generadas en esta instancia a la parte demandada vencida (artículos 60, 61 y 62 del CPCCT).”

¿Cómo votaron los jueces?

El Sr. Vocal Dr. Carlos E. Courtade adhirió “por análogas razones a las expuestas por la Dra. Gisela Fajre” y votó en el mismo sentido. El acuerdo resolvió confirmar la sentencia apelada y atribuir costas a la apelante.