ARGAñARAZ ADRIAN ANTONIO c/ RUSSO JESICA CONSTANZA s/ COBRO EJECUTIVO

¿Quién es el actor?

Argañaraz Adrián Antonio (parte actora).

¿A quién se demanda?

Russo Jesica Constanza (tercerista/apersonada en el expediente; también aparece Myrian Soledad Russo como la tercerista que pidió el levantamiento).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo; incidente de inexistencia de acto jurídico planteado por el actor respecto de la presentación de la tercerista (solicitud de levantamiento de embargo) por presunta firma apócrifa.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Sala en lo Contencioso Administrativo, Laboral, Civil en Documentos y Locaciones y Cobros y Apremios, declaró inadmisible y mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Cámara que rechazó el recurso de apelación; impuso costas al recurrente y reservó la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En el marco del juicio de admisibilidad, se advierte que la sentencia impugnada no satisface el requisito de definitividad previsto en el art. 805 inc. 1º del CPCC.

En el caso, la casación fue deducida contra la referida sentencia de Cámara del 11/3/2024 que rechazó el recurso de apelación interpuesto en subsidio por la parte actora contra el decreto de fecha 03/4/2023 que desestimó el planteo de inexistencia de acto jurídico deducido por la misma parte el 20/3/2023, oportunidad en la que sostuvo que la firma del escrito de levantamiento de embargo no le pertenece a la tercera Myriam Soledad Russo por ser distinta a la estampada en su documento nacional de identidad. Siendo así, es claro que el pronunciamiento recurrido no reviste carácter de definitivo ni es equiparable a tal, toda vez que no se expide sobre el fondo del asunto ni tiene la virtualidad de poner fin al pleito o hacer imposible su continuación. No cabe perder de vista que la ausencia de definitividad del pronunciamiento es un recaudo propio y autónomo que no se satisface ni se suple con la invocación de garantías constitucionales que se entiendan amenazadas, ni por la pretendida arbitrariedad del pronunciamiento o la alegada interpretación errónea del derecho que rige el caso (cfr. CSJT, ...). En igual sentido se dijo que la mera invocación de una afectación al derecho de defensa y demás garantías constitucionales que se entiendan amenazadas, carece de aptitud suficiente como para sostener que el pronunciamiento impugnado resulta equiparable a definitivo y justificar con ello, la apertura de la instancia extraordinaria local (...).

A todo evento, respecto del excepcional supuesto de gravedad institucional, cabe recordar que ha sido delineado por esta Corte como existente en aquellos casos que exceden el interés particular de los litigantes y atañen también a la colectividad, vulneran algún principio constitucional básico y la conciencia de la comunidad, o en que pueda resultar frustratorio de derechos de naturaleza federal, con perturbación de la prestación de servicios públicos (...). En autos, si bien la recurrente alega gravedad institucional, lo cierto es que no desarrolla razones suficientes, idóneas, que den cuenta de que alguno de los mencionados supuestos se hubiere configurado en el caso concreto.

Por lo expuesto, corresponde Declarar Inadmisible al recurso de casación bajo examen. Atento a lo resuelto, deviene inoficioso el análisis de los restantes requisitos de admisibilidad de la casación."

Y el bloque decisorio:

"I.- DECLARAR INADMISIBLE y, por ende, MAL CONCEDIDO el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Civil en Documentos y Locaciones de fecha 11/3/2024.

II.- COSTAS, como se consideran.

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad."

(Votos: los tres vocales de la Sala votaron en idéntico sentido; los Dres. Sbdar y Rodríguez Campos adhirieron al voto preopinante de la Dra. Sbdar.)