SUCESION DE ORTEGA JUAN ALBERTO ELADIO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- s/ INCONSTITUCIONALIDAD
La Sucesión de Ortega demandó a la Provincia de Tucumán solicitando declarar la inconstitucionalidad de normas y la nulidad del Acta de Deuda N° A 1.036-2017 por retenciones omitidas y prescripción. La Cámara Contencioso Administrativo rechazó todas las pretensiones y confirmó la validez del régimen de retención y del ajuste fiscal, con voto en disidencia parcial que consideró prescritas algunas posiciones de 2013.
¿Quién es el actor?
Sucesión de Ortega Juan Alberto Eladio (representada por apoderada).
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán (Dirección General de Rentas - DGR).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Declaración de inconstitucionalidad de la RG N° 23/02 y RG N° 7/11 y del último párrafo del artículo 32 de la Ley N° 5.121; declaración de inconstitucionalidad de artículos del CCCN y Ley N° 8.794; prescripción de la acción fiscal; nulidad de la determinación fiscal contenida en Acta de Deuda N° A 1.036-2017 (y actos confirmatorios: Resolución D 280/18 y Resolución TFA 594/19); y nulidad del ajuste por vicios procedimentales (no integración con obligados directos).
¿Qué se resolvió?
Se rechazaron todas las pretensiones de la actora: no se admitió la inconstitucionalidad invocada; no se hizo lugar al planteo de prescripción; se rechazó la demanda de nulidad del Acta de Deuda N° A 1.036-2017 y sus actos confirmatorios. Se impusieron costas a la actora; regulación de honorarios diferida. Hubo disidencia parcial del Vocal Gandur (en disidencia) que entendió prescritas ciertas posiciones de 2013.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
1) Sobre la existencia del ajuste y su cuantía:
"1.- que mediante Acta de Deuda N° A 1.036-2017 (fs. 192/201) se ajustó deuda en contra de la sucesión actora en su condición de agente de retención en el impuesto sobre los ingresos brutos correspondientes a las posiciones fiscales 01 a 09, 11 y 12/2013; 01 a 12/2014; 01 a 03, 05 a 07 y 09 a 12/2015, todo por el monto de $284.293,68 (capital $134.018,42). Dicha determinación fue notificada a la demandante en fecha 10/10/2017 (fs. 204);"
2) Sobre la constitucionalidad del artículo 32 Ley N° 5.121 y las RG impugnadas:
"El artículo 32 de la Ley N° 5.121 establece que 'son responsables en carácter de agentes de retención, de percepción o recaudación los sujetos designados por la ley o por el instrumento correspondiente, según la autorización legal prevista en el párrafo siguiente y en otras leyes especiales, que por sus funciones públicas o por razones de su actividad, oficio o profesión intervengan en actos y operaciones en las cuales puedan efectuar la retención, percepción o recaudación del tributo correspondiente. La Dirección General de Rentas queda facultada para designar agentes de retención y/o percepción y/o recaudación y/o información'. ... Si la Ley N° 5.121 ha reglado todos los aspectos medulares del impuesto sobre los ingresos brutos y las condiciones marco en las que un sujeto puede ser considerado como agente de retención o de percepción, la autorización que se confiere a la DGR de establecer en concreto qué contribuyente puede por su giro comercial, negocio o profesión ser operador del sistema de percepción impositiva en la fuente, no puede verse como una delegación de facultades del Legislativo."
3) Sobre la integración del procedimiento y la carga probatoria en los ajustes por retención omitida:
"Para poder desligarse de la responsabilidad solidaria que pesa sobre el agente es necesario demostrar que cada proveedor ingresó el impuesto en su justa medida, lo cual implica establecer que en los registros de ventas del proveedor se encuentra debidamente registrada la operación en cuestión, lo que posibilita verificar que en la base imponible consignada en las declaraciones juradas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos presentadas por los proveedores, se encuentra incluido y declarado el monto de la operación que fue susceptible de retención y que por ende el tributo correspondiente a la misma ya fue satisfecho e ingresado por el sujeto pasivo principal de la obligación tributaria...".
El tribunal constató que la DGR abrió a prueba el trámite y libró oficios a los proveedores y que la actora no acreditó en instancia judicial que la mera presentación de DDJJ o estados de cuenta de los proveedores fuera suficiente para acreditar el pago en su justa medida de las operaciones sujetas a retención, por lo que no prosperó el agravio.
¿Cómo votaron los jueces?
El Vocal Sergio Gandur (en disidencia) manifestó disenso respecto de la solución sobre prescripción en los apartados IV f), g), h) e i) del voto preopinante, y concluyó que "corresponde hacer lugar parcialmente a la defensa articulada por la actora y declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de las posiciones 01 a 03 y 05 del año 2013, contenidas en el Acta de Deuda N° A 1.036-2017." (disidencia parcial consignada en el voto).
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Normas que cita
- Ley 5.121 (Tucumán)arts. 8, 9 incisos 6°, 7° y 10°, 32, 33, 54, 55, 91, 98, 99, 120, 134, 135
- Ley 8.794 (Tucumán)arts. 1 inciso 2°, 2
- Ley 9.155 (Tucumán)art. 91
- Ley 9.013 (Tucumán)art. 7 inciso d
- Ley 8.964 (Tucumán)
- Ley 8.490 (Tucumán)
- Ley 4.537 (Tucumán)art. 3 inciso 3°
- Constitución Nacionalarts. 16, 17, 18, 19, 75 inciso 12, 121, 122, 126 · Constitucion nacional
- Constitución (Tucumán)arts. 3, 22, 30, 101 inciso 3° y 13°
- CCCNarts. 2532, 2537, 2547, 2560, 2562, 2541 · Codigo civil y comercial de la nacion
- CCarts. 3956, 3957, 3986, 3987, 3984, 4027 · Codigo civil
- CPCyC (Tucumán)arts. 40, 61, 89, 158, 228, 264, 265
- CParts. 62, 65 · Codigo penal
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosart. 2 apartado 3 inciso a
- Convención Americana sobre Derechos Humanosart. 8
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