DEL PINO ELSA ISABEL Y OTROS c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

¿Quién es el actor?

Co-actores María Eugenia Páez, Teófilo Antonio Gramajo y Egidio Catán (apoderado: Dr. José Fernando Páez).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Planteo de inconstitucionalidad de la Ley Nº 8.851 (arts. 2 y 4, último párrafo) y del art. 2 del Decreto Nº 1.583/1-(FE) del 23/05/2016, por impedir el embargo de fondos y ordenar pagos estatales sin prever prioridad para créditos de naturaleza alimentaria reconocidos en sentencia; pedido accesorio de embargo de fondos para cubrir montos reconocidos en sentencia de cálculo de intereses.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad y se declaró, para el caso, la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 4, último párrafo, de la Ley Nº 8.851 y del artículo 2 del Decreto Nº 1.583/1-(FE). Costas a cargo de la Provincia; regulación de honorarios reservada.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes de la sentencia (texto original):

"Efectuada la reseña fáctica de autos, el primer extremo a destacar -y sobre el cual no cabe discusión alguna- es que el crédito reclamado posee naturaleza alimentaria, dado que tiene su origen en diferencias previsionales que fueran reconocidas en este juicio (cfr. sentencia de fondo N°665 del 07/11/2017).

La observación precedente resulta determinante debido a que permite aplicar directamente la doctrina que emana de los fallos en los que se declaró la inconstitucionalidad de la ley N°8.851, tal como se verá más adelante.

En concreto, lo trascendente del caso es que los coactores María Eugenia Páez (79 años), Teófilo Antonio Gramajo (81 años) y Egidio Catán (83 años), se ubican en la franja etaria de los adultos mayores (ver fs. 15, 91 y 149), y como se dijo, el crédito que pretenden cobrar tiene su origen en diferencias previsionales reconocidas en este juicio, que revisten carácter alimentario.

Ante ello, cobra relevancia señalar que la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores [adoptada el 15/06/2015 por la OEA, aprobada mediante Ley Nacional Nº27.360, sancionada el 09/05/2017, y a la que se le otorgó jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional cfr. ley N°27.700, boletín oficial del 30/11/2022] establece en su artículo 4 inc. “c”, que los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, y a tal fin “Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos”.

Esta Convención define como persona mayor a aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años (cfr. art. 2).

[...]

En definitiva, la norma resulta inconstitucional en este caso debido a que en aras de ordenar temporalmente el pago de las deudas la Provincia de Tucumán ha omitido establecer una excepción que tome en consideración alguna de las especiales y particulares características que se presentan en esta situación, como por ejemplo, la naturaleza alimentaria del crédito impago o el trato diferenciado que merecen los accionantes en virtud de encontrarse encuadrados en la franja etaria de los adultos mayores.

Por ello, es procedente declarar para el caso de autos la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 4, último párrafo, de la Ley Nº8.851, como así también del artículo 2 del Decreto Reglamentario Nº 1.583/1-(FE) del 23/05/2016."

(No se registran votos en disidencia en el texto suministrado.)