MANSON DE MARTILOTTI NINA c/ MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN s/ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

¿Quién es el actor?

La parte actora (identificada en autos; se menciona además la letrada Clara I. Durán de Moyano por derecho propio en otro planteo).

¿A quién se demanda?

Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad, para el caso concreto, de la ley provincial de emergencia económica Nº 8.228 y sus prórrogas (incluida la ley Nº 9.068) y de los artículos 2 y 4, último párrafo, de la Ley Nº 8.851; asimismo, inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal Nº 4.793/2016 que adhiere y del Decreto Municipal Nº 4.272/07/12/2016, artículo 1. El reclamo se vincula con la ejecución de condena por haberes previsionales (crédito de naturaleza alimentaria) de una jubilada.

¿Qué se resolvió?

I) Declaró abstracto el planteo de inconstitucionalidad formulado por la letrada Clara I. Durán de Moyano por derecho propio. II) Hizo lugar a los planteos de inconstitucionalidad de la parte actora y, para el caso concreto, declaró la inconstitucionalidad de la ley Nº 8.228 y sus prórrogas (incluida la ley Nº 9.068), y de los arts. 2 y 4, último párrafo, de la ley Nº 8.851; en consecuencia declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal Nº 4.793/2016 y del Decreto Municipal Nº 4.272/07/12/2016, art. 1. III) Impuso costas conforme consideró. IV) Reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes (textuales, tal como en el fallo):

"En el examen de la cuestión sometida a pronunciamiento, debe considerarse que hoy se encuentra vigente la ley Nº 9.068 (B.O. 20/12/2.017), que prorrogó hasta el 31/12/2.019 la Emergencia Económica del Estado Provincial, Municipalidades y Comunas Rurales, declarada por ley Nº 8.228 (B.O. 22/12/2.009). ... Como consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad planteada, a fin de preservar el valor seguridad jurídica, y evitar que el Estado sostenga la emergencia económica sine die, dilatando el cumplimiento de sus obligaciones. ... En razón de todo lo expresado, corresponde acoger favorablemente el planteo efectuado y, en consecuencia, declarar para el caso de autos la inconstitucionalidad de la ley Nº 9.068 actualmente vigente."

"En definitiva, la prolongación de la espera presupuestaria para la particular situación de autos, en donde al crédito asistencial que pertenece a la actora se le pretende imponer una cerril clausura indiferenciada que no reconoce ninguna alternativa de pronto y preferente pago, resulta a nuestro juicio lesiva y violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva y a la igualdad ante la ley (arts. 16, 18, art. 75 inc. 22 de la CN) que resguardan la seguridad cierta de que el cumplimiento de la sentencia se realice en vida del justiciable, e impiden que por una dilación excesiva el crédito alimentario resulte burlado en los hechos (cfr Sala II de este fuero en sentencia Nº 406/17 dictada en los autos “Paz Posse de Molina, Elvira de Lourdes vs Provincia de Tucumán s/ contencioso administrativo”)."

"Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al planteo formulado por la parte actora y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad, para el caso, de los artículos 2 y 4, último párrafo, de la Ley Nº 8.851 y, en consecuencia, de la Ordenanza Municipal Nº 4.793/2016, que adhiere a tal normativa, y del Decreto Municipal Nº 4.272 del 07/12/2.016, artículo 1."

Otras citas textuales relevantes:

"Es reiterada la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia en cuanto que no resulta ajustada a derecho la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una norma sin que se verifique todavía la existencia de un caso concreto que justifique dicha declaración (CSJT, sentencias Nº 503 del 29/05/09 y Nº702/10)"

"No resulta posible acudir al principio rector establecido en el ordenamiento procesal para pronunciarse sobre la imposición de las costas (art. 105 CPCC), cuando existe imposibilidad de dictar un pronunciamiento final sobre la procedencia substancial de la pretensión, en tanto ello cancela todo juicio que permita asignar a cualquiera de las partes la condición necesaria -de vencedora o de vencida-, para definir la respectiva situación frente a esta condenación accesoria".

¿Cómo votaron los jueces?

No se consignan votos en disidencia; el bloque resolutorio final es el que manda.