Juan Carlos Farace c/ Fondos Unidos S.a. y Ornos

¿Quién es el actor?

Juan Carlos Farace.

¿A quién se demanda?

Fondos Unidos S.A., Edmundo Víctor Mazzoldi (por su propio derecho y como presidente de Fondos Unidos S.A.) y Cruz Roja Argentina.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnizaciones por despido indirecto y remuneraciones de toda la relación laboral, reclamadas en base a la Ley de Contrato de Trabajo.

¿Qué se resolvió?

la Corte declaró inadmisibles los agravios de Fondos Unidos S.A. y Mazzoldi vinculados a contradicciones e incongruencias (art. 280 CPCCN), pero admitió los recursos de Cruz Roja Argentina y de Mazzoldi por arbitrariedad y dejó sin efecto la sentencia de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, devolviendo los autos para un nuevo pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...al haber quedado circunscripta la controversia a la determinación de la existencia de una relación contractual directa entre el actor y la Cruz Roja Argentina, es descalificable la solución dada al caso por la cámara, fundada en la responsabilidad indirecta o refleja de esa entidad -con arreglo a las disposiciones del arto 30 de la Ley de Contrato de Trabajo- toda vez que sus conclusiones resultan extrañas al conflicto efectivamente sometido a su decisión, con mengua del derecho de defensa del apelante."

"...el pronunciamiento del a qua no aparece suficientemente fundado en cuanto determina el monto de condena sin más base que las afirmaciones del actor y mediante una aplicación mecánica de la presunción emanada de la falta de exhibición de libros."

"...la invocación de diversas normas que crean presunciones a favor de las alegaciones del trabajador y facultan a los magistrados a fijar el monto de los créditos, no exime a los jueces de fundar adecuadamente lo decidido sobre el punto (arts. 55, 56 y 114 de la Ley de Contrato de Trabajo...)."

La Corte aclaró que la descalificación no implica juicio sobre la solución que en definitiva corresponda otorgar al litigio, y que existe relación directa e inmediata entre lo debatido y las garantías constitucionales invocadas (art. 15 de la ley 48).