Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: LEDESMA, NAHUEL ROBERTO s/ROBO DAMNIFICADO: ORTIZ MIRANDA, PIA DANIELA

¿Quién es el actor?

Ministerio Público Fiscal, representado por la Dra. María Nieves Ricotta Denby.

¿A quién se demanda?

Nahuel Roberto Ledesma, asistido por la Defensora Pública Dra. Lorena Giselle Trotta.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Imputación del delito de robo simple (artículos 45 y 164 del Código Penal) por el apoderamiento de $70.700 de la caja registradora del local "Lucuma", sito en Av. Santa Fe 3994, mediante intimidación sobre la empleada Pía Daniela Ortiz Miranda.

¿Qué se resolvió?

Condenar a Ledesma a cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento y costas, declararlo reincidente en los términos del artículo 50 del Código Penal, fijar el vencimiento de la pena el 11/01/2027, intimarlo al pago de $4.700 de tasa de justicia bajo apercibimiento de multa, y notificar a la víctima conforme la Ley 27.372.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Para ello, ingresó al establecimiento y se aproximó al mostrador donde se encontraba la damnificada, a quien le exigió la entrega del dinero manifestándole que poseía un cuchillo en la cintura mientras se sujetaba reiteradamente el puño de la manga de su buzo. Dichas circunstancias provocaron temor en la víctima y determinaron que le hiciera entrega del dinero en efectivo, configurándose así la exigencia típica de la vis compulsiva (intimidación) que exige la figura legal seleccionada por las partes."

"En cuanto al iter criminis, estimo que la conducta que tuve por acreditada se encuentra consumada, toda vez que Ledesma pudo disponer del dinero sustraído hasta el momento en el que fue detenido por personal policial y éste fue recuperado por la parte damnificada."

"Teniendo en cuenta la nueva redacción del artículo en cuestión, entiendo que el sustrato común que legitima a ambas modalidades de la reincidencia —sea ésta ficta o real— estriba en que la intensificación del reproche punitivo halla su razón de ser en la persistencia delictiva del encausado."

Como agravante se valoraron los antecedentes condenatorios y el temor suscitado en la víctima, que cursaba un embarazo; como atenuante, el reconocimiento del hecho. El tribunal señaló que, por imperio de la Ley 24.825, no podía imponer una pena superior a la acordada.