CORDOBA, RUBEN ENRIQUE c/ OSECAC s/LEY DE DISCAPACIDAD

¿Quién es el actor?

Rubén Enrique Córdoba, en representación de su hijo menor de edad L.D.C.

¿A quién se demanda?

Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobertura integral al valor real del Nomenclador de la prestación de transporte especial (lunes a viernes, ida y vuelta, desde el domicilio del menor en B° San Carlos hasta el CET ADANA) para el período enero-diciembre 2026, prescripta por el neurólogo Dr. Guillermo Aldo Ivetich, en el marco de un cuadro de autismo en la niñez.

¿Qué se resolvió?

el Tribunal hizo lugar a la acción de amparo, ordenó a OSECAC otorgar de manera inmediata la cobertura integral del 100% del transporte especial para todo el período 2026, dejó sin efecto la restricción o fecha de baja al 31/10/2026, bajo apercibimiento de desobediencia judicial y sanciones pecuniarias conminatorias (art. 37 CPCCN), impuso las costas a la accionada y reguló honorarios al Dr. Javier Nicolás Massafra en $1.483.874 (14 UMA), más IVA si correspondiere.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Respecto a la pretensión de la demandada de limitar la autorización hasta el 31/10/2026 aduciendo el vencimiento de la categorización del CET ADANA, la conducta de OSECAC deviene manifiestamente arbitraria e ilegítima, atento que el neurólogo especialista determinó la necesidad del transporte especial de lunes a viernes (ida y vuelta) por todo el ciclo anual de enero a diciembre de 2026."

"OSECAC no aportó acto administrativo ni constancia emitida por el organismo estatal competente que disponga la baja o inhabilitación del CET ADANA. Un mero informe interno de auditoría privada (GMS S.A.) no resulta prueba idónea para privar a un menor con discapacidad del traslado a sus terapias en los meses de noviembre y diciembre de 2026."

"Es decir, OSECAC acotó arbitrariamente la vigencia del servicio hasta el 31/10/2026, denegando la cobertura de los meses de noviembre y diciembre prescriptos por el médico tratante."

"De esa manera, no puede la demandada sustituir eficazmente el criterio del médico a cargo del tratamiento del menor afiliado, dado que el galeno no solo realiza su seguimiento sino que también es responsable del diagnóstico y tratamiento indicado."

"Se debe tener presente la discapacidad que padece el hijo del actor y que por lo tanto necesita contar con la totalidad de las prestaciones de la forma que se le prescriba, de manera oportuna y sin interrupción, en virtud de la cobertura integral establecida por la Ley N° 24.901 a favor de las personas con esa condición."

En cuanto a la tutela constitucional, la sentencia invoca el derecho a la salud como derivado del derecho a la vida (art. 75 inc. 22 CN), la Convención sobre los Derechos del Niño (interés superior del niño) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378).