CONFORTI GABRIEL IGNACIO C/ FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL

¿Quién es el actor?

CONFORTI GABRIEL IGNACIO, que prestaba tareas como vendedor categoría B (CCT 130/75) para AVICOLA LOS PINOS S.H. y sufrió un accidente de trabajo el 06/09/2021 al levantar un cajón pesado, con lesión lumbar.

¿A quién se demanda?

FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., aseguradora de riesgos del trabajo del empleador.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

prestación dineraria por incapacidad laborativa permanente (art. 14 inc. 2 a, Ley 24.557) y adicional del 20% (art. 3, Ley 26.773).

¿Qué se resolvió?

el Tribunal tuvo por acreditado el accidente de trabajo y una incapacidad parcial y permanente del 40,43% (con sustento en la pericia médica y en la pericia psicológica que arrojó RVAN grado II con 13%), tuvo por acreditado el contrato de afiliación vigente al momento del infortunio y fijó un IBM de $81.996,74, reajustado por RIPTE a $350.249,07. Practicada la liquidación, condenó a FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. al pago de $22.515.304, con intereses por mora conforme art. 12 inc. 3 de la Ley 24.557 (texto según Ley 27.348), e impuso costas a la vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...entiendo que no debemos apartarnos de sus diagnóstico y porcentaje de incapacidad..." (refiriéndose a los peritos designados por sorteo, imparciales y objetivos).

Citando la doctrina de la SCBA: "...si bien el informe pericial médico carece de efectos vinculantes, no cabe duda que constituye el elemento de prueba más idóneo para establecer el origen y la etiología de la dolencia, por lo que el apartamiento de sus conclusiones debe responder a motivos razonables y científicamente fundados..."

Sobre la inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley 23.928: "La declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia..." Se señala que el sistema de la Ley 24.557 prevé un mecanismo propio de reajuste por RIPTE y tasa activa, y que el fallo "Barrios" no constituye doctrina legal en el caso según la SCBA (Res. RR-421-2025, "Díaz Leuzzi"; "Galarza", L. 132.729).

La decisión se adoptó por unanimidad, adhiriendo los vocales Iacaruso y Moragas a los fundamentos de la jueza Persson.