ARRUA MARCELINO ESTEBAN Y OTROS C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA DE LA PRO S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Quién es el actor?

Arrua Marcelino Esteban; Zacarias Jose; Suarez Maria Cristina; Ojeda Jorge Marcelo; Marques Fernando Abel; Lafuente Hector Hugo; Godoy Jesus Baltazar; Daix Susana Maria Alicia; Cabrera Elvira Del Carmen.

¿A quién se demanda?

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reconocimiento del derecho a que la bonificación por antigüedad se liquide en el 3% sobre la totalidad de los años de servicio, con declaración de inconstitucionalidad de las normas que establecieron un porcentaje inferior o lo eliminaron, y pago retroactivo de las sumas no prescriptas, con intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho a la bonificación por antigüedad del 3% por todos los años computables, con actualización a valores actuales al momento de aprobarse la liquidación, intereses al 6% anual desde el devengamiento hasta la fecha de cálculo y, desde allí, la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires a 30 días. Se impusieron las costas a la demandada vencida y se difirió la regulación de honorarios hasta la aprobación de la liquidación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre la naturaleza de la reducción: "si los magistrados fueron dejados aparte de tales 'modificaciones' -tal y como surge de la propia lectura de las normas citadas arriba- en virtud de la garantía constitucional de intangibilidad de sus remuneraciones, es autoevidente que las medidas en estudio implicaron una disminución salarial."

Sobre los requisitos para reducir salarios: "que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución". El Tribunal señala que "no fueron de carácter temporario, lo cual surge del propio texto de las normas, pues al día de hoy nueve años se siguen abonando con la disminución", y que no hubo declaración de emergencia.

Sobre el principio de progresividad: "si se había llegado en 1995 a que se bonifique la antigüedad en un 3%, su disminución implica un retroceso en aquello que fuera conquistado, incompatible con la cláusula constitucional citada (art. 39, inc. 3 Const. Pcial.)".

Sobre la igualdad: "no hay peor injusticia que tratar igual a los desiguales"; el decreto 240/96 asimiló a magistrados a todo el personal del Poder Judicial con nivel salarial 20, lo que resulta inconstitucional por violar la cláusula de igualdad, pues la diferencia válida es la cualidad de magistrado y no el nivel salarial.

Sobre el precedente "Álvarez" de la SCBA invocado por la demandada: se lo distingue porque allí no existía incompatibilidad constitucional alguna, situación distinta a la de la presente causa.

Sobre la prescripción: se rechazó la prescripción total por tratarse de hecho continuado; respecto de la parcial, se aplicó la doctrina de la SCBA en "Ledesma" (plazo bienal del art. 2562 inc. c CCyCN) y, para casos de pasividad, el plazo bienal del art. 62 DL 9650.

Sobre la legitimación: no se extendió la condena a la Administración Central por no haber sido demandada, al tratarse de un organismo autárquico.