BORDON, RAQUEL NOEMI c/ CONSERSA CONSULTORES DE SERVICIOS S.A. Y OTROS s/DESPIDO

¿Quién es el actor?

Raquel Noemí Bordón.

¿A quién se demanda?

Consersa Consultores de Servicios S.A.; Juan Carlos Sozzani (presidente de Consersa); Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), como principal. Se desistió de la acción respecto de Stella Maris Gaweda.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

diferencias salariales, indemnizaciones por despido indirecto (arts. 232, 233 y 245 LCT), sanciones de la Ley 24.013 (arts. 9 y 15), Ley 25.323 (art. 2), art. 80 LCT y haberes adeudados de julio a octubre de 2020.

¿Qué se resolvió?

se hace lugar a la demanda por la suma de $3.216.330,66, con intereses conforme art. 55 de la Ley 27.802 y art. 768 inc. b) del CCyCN. Se condena solidariamente a los demandados, excepto en la entrega de los certificados del art. 80 LCT, que se imputa únicamente a Consersa bajo apercibimiento de astreintes de $10.000 diarios. Se rechazó la duplicación del DNU 34/2019 y se declaró abstracto el planteo sobre el art. 56 de la Ley 27.802.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Fecha de ingreso: "Por lo dicho, la actora resultó ser dependiente de Consersa desde el 01.01.2015", sobre la base de testimonios concordantes y la factura nro. 1 emitida el 01.04.2015 por honorarios de enero.

Distracto indirecto: "tales hechos constituyeron una injuria con entidad suficiente para impedir la prosecución del vínculo que justificó su disolución indirecta (arts. 242 y 246 de la L.C.T.)", por falta de pago de haberes, sin que la deuda de AySA con Consersa constituya eximente, "se trata de un riesgo propio del empleador".

Responsabilidad del presidente: "la actuación de la sociedad ... constituye un recurso para violar la ley ... y para frustrar derechos de terceros", y por ello "deberá concurrir solidariamente al pago de la condena de autos".

Responsabilidad de AySA: las tareas de inspección "formaron parte de su actividad normal y específica propia", configurando el art. 30 LCT. La excepción del art. 2 LCT no aplica por tratarse de una sociedad de derecho privado.

Actualización: se aplica el art. 55 de la Ley 27.802, por no vulnerar la garantía de igualdad ni la irretroactividad, y se desestima la inconstitucionalidad por aplicación del precedente "Vizzoti".