DIAZ JORGE CLAUDIO c/ EN-M§ JUSTICIA-PFA Y OTROS s/DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

J. C. D., padre de la víctima F. S. D.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional (Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina) y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reparación de daños y perjuicios por el fallecimiento de su hija en el incendio del local "República de Cromañón" ocurrido el 30 de diciembre de 2004. Se reclamaron daño emergente (gastos de sepelio y traslado), valor vida, pérdida de chance, daño moral, daño psíquico y daño patrimonial familiar.

¿Qué se resolvió?

la Cámara hizo lugar en lo sustancial al recurso del actor y elevó los montos de daño moral, valor vida-pérdida de chance y daño emergente. Rechazó el daño psíquico y el planteo de inconstitucionalidad del art. 5 del decreto 214/2002. Calificó la responsabilidad de los demandados como concurrente (no solidaria) y confirmó los porcentajes fijados en primera instancia (35% GCBA, 35% Estado Nacional, 30% particulares). Ordenó intereses desde el hecho dañoso con tasa del 6% anual sobre montos a valores actuales, y a partir de la sentencia tasa pasiva promedio del BCRA. Impuso costas de Alzada a ambos Estados.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Responsabilidad: "…nos encontramos frente a un supuesto de responsabilidad concurrente (lo cual descarta que medie un supuesto de solidaridad)." "…cada uno de dichos sujetos pasivos de la litis deviene responsable individualmente del daño, no pudiendo oponer defensas frente a la víctima, ante quien, en última instancia, deberían responder por el todo, sin perjuicio de los reclamos por lo que se hubiera pagado en exceso."

Daño psíquico: "…la demostración del padecimiento de una patología psicológica —ya sea de carácter permanente o transitoria— se encontraba a su cargo." Se rechazó por falta de prueba pericial idónea.

Daño moral: "…difícilmente pueda concebirse un hecho de mayor repercusión espiritual para un padre que la muerte de una hija…" Se estimó exiguo el monto de primera instancia y se elevó a $90.000.000.

Valor vida-pérdida de chance: se elevó a $30.000.000, con fundamento en que "…la pérdida de la chance aparece con la certeza necesaria para justificar su resarcimiento…".

Intereses: se aplicó el criterio del precedente "Barrientos" (Fallos 347:1446): fijada la indemnización a valores actuales, se aplica tasa del 6% anual directo no acumulativo desde el hecho hasta la sentencia y tasa pasiva promedio del BCRA desde entonces.

Inconstitucionalidad: "…la ventaja, acierto o desacierto de esa medida legislativa escapa al control de constitucionalidad…", por lo que se desestimó.