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Cámara de Apelaciones

IOANNOY, DAVID EMANUEL c/ ADMINISTRADORA SANATORIAL METROPOLITANA S.A. s/DESPIDO

El actor, administrativo contable de un sanatorio, reclamó el despido indirecto tras ser intimado a trabajar presencialmente durante la pandemia por tener un conviviente con enfermedad inmunológica. La Cámara revocó el rechazo de primera instancia y admitió la acción por despido, condenando al pago de $335.420,25 con los accesorios del considerando 10.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA V
Fuero
NACIONAL DEL TRABAJO
Jurisdicción
Nacional · Ciudad de Buenos Aires
Expediente
CNT 027412/2021/CA001
Despido indirecto Covid-19 Aislamiento social preventivo y obligatorio Trabajo remoto Personal de salud Deber de prevision Buena fe Dano moral discriminatorio Intereses Ley 27.802.

¿Quién es el actor?

David Emmanuel Ioannoy.

¿A quién se demanda?

Administradora Sanatorial Metropolitana S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnizaciones por despido (arts. 232, 233, 245 LCT), multa del art. 2 de la ley 25.323, DNU 34/19, salarios de abril de 2020, vacaciones proporcionales, y daño moral por supuesta discriminación.

¿Qué se resolvió?

la mayoría revocó la sentencia de grado, tuvo por configurado el despido y condenó a la demandada a pagar $335.420,25, con los accesorios del considerando 10. El Dr. de Vedia, en disidencia parcial, propuso además la indemnización del art. 80 LCT.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...lo que traduce por arbitraria y carente de razonabilidad la postura inflexible de la accionada de compeler al trabajador a retomar tareas presenciales cuando estaba terminando de poner en marcha un sistema de trabajo híbrido." "...las tareas administrativas contables que realizaba el trabajador admitían una modalidad de trabajo cuanto menos híbrida, máxime cuando el trabajador acreditó la enfermedad con característica inmunológica de su pareja." Sobre el daño moral: "...no resulta posible concluir que el actor hubiere sido discriminado..." (rechazado por la mayoría). Respecto del art. 55 de la ley 27.802, la Cámara consideró que la tasa prevista no resulta desajustada y no declaró su inconstitucionalidad.

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