SINDICH, HECTOR NICOLAS c/ COBENSIL SA s/AMPARO DE SALUD

¿Quién es el actor?

Héctor Nicolás Sindich, por derecho propio.

¿A quién se demanda?

Cobensil S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

que se condene a la demandada a dejar sin efecto los aumentos realizados en los servicios de salud prestados en virtud del DNU n° 70/23, y que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 265, 267 y 269 de dicho decreto, con costas.

¿Qué se resolvió?

se hace lugar a la acción de amparo y se declara la inconstitucionalidad de los arts. 267 y 269 del DNU n° 70/23, con los alcances del considerando X. Se impusieron las costas a la demandada vencida (art. 14 ley 16.986). Se regularon honorarios al letrado patrocinante de la actora, Dr. Pablo Zacarías, en 20 UMA ($2.119.820). Se ordenó librar oficio al Banco de la Nación Argentina para la apertura de una cuenta judicial.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Se ha afirmado que si bien es cierto que conforme al postulado de congruencia la labor del juez al momento de dictar sentencia está condicionada a los hechos afirmados en la demanda y en la contestación, no lo es menos que tal principio en modo alguno es rígido o absoluto desde que admite excepciones en todas aquellas hipótesis en las que durante el proceso se extinguen o consolidan los derechos litigiosos."

"Por lo tanto, cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional, presunción ésta que sólo puede ser abatida por quien demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida en la Constitución a la prohibición general antes sentada."

"Así las cosas, si bien el Poder Ejecutivo dio los motivos por los cuales consideró la necesidad de desregular diversos sectores de la economía, en los relativo a la derogación de los artículos de la Ley de Medicina Prepaga, no dio mayores precisiones que permitiesen concluir en la razonabilidad de dicha medida o en la premura necesaria para la toma de una decisión con significativa relevancia mediante la vía excepcionalísima a la que acudió."

"En este escenario, cabe concluir que el silencio adoptado por la Cámara de Diputados de la Nación no se compadece con la exigencia de la ley 26.122 que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia..."

Efectos: como el control difuso no produce efectos erga omnes, la autoridad de control deberá autorizar los aumentos que se apliquen al contrato de la actora, y los pagos realizados conforme al IPC se consideran cancelatorios; las diferencias se acreditarán en la próxima cuota.