RODRIGUEZ, CESAR EUGENIO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - MRIO. DE SEGURIDAD - GENDARMERIA NACIONAL s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS

¿Quién es el actor?

Cesar Eugenio Rodríguez, Armando Enrique Tabarez, Jorge Alberto Aguirre, Ignacio Gualberto Arrúa, Emilio Riquelme, Oscar Calixto Quiroga y Julio Raúl González (continuado por Rita Ramona Bruno).

¿A quién se demanda?

Estado Nacional, Ministerio de Seguridad - Dirección Nacional de Gendarmería, y Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

restitución de sumas descontadas en los haberes de los actores en exceso del porcentaje autorizado por la ley 22.788, con intereses a tasa activa del BNA.

¿Qué se resolvió?

la Cámara rechazó parcialmente el recurso de la Caja, hizo lugar al agravio sobre el modo de pago (las sumas a reintegrar, una vez determinado su monto, deberán abonarse conforme al procedimiento de la Ley de Presupuesto correspondiente) y rechazó los restantes agravios, confirmando la sentencia de primera instancia. Las costas de la alzada se impusieron por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En cuanto al Decreto N° 679/97 es de advertir que modificó sustancialmente el régimen legal de aportes del personal de la institución, elevando el descuento previsional del 8% a un 11% sobre el haber de actividad, retiro o pensión, por considerar que se verificaban las circunstancias excepcionales del art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional para el dictado de decretos de necesidad y urgencia."

Con cita de la CSJN en "Pino, Seberino y otros c/Estado Nacional", el tribunal sostuvo: "Entendió que, en el caso, no se encontraban satisfechos los recaudos constitucionales para el dictado del decreto impugnado" y que los fundamentos del Poder Ejecutivo "traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé". Por ello, "se debe confirmar el punto I) de la sentencia".

Sobre la prescripción, se aplicó el plazo bienal, siguiendo "Jaroslavsky, Bernardo" (CSJN, 1985): "la prescripción anual prevista en el art. 82 de la Ley N° 18.037 viene indicada para regir el pago de haberes devengados con anterioridad a la solicitud del beneficio, mientras que los devengados con posterioridad a ese acto, el plazo por cuyo transcurso quedaría extinguido el crédito es de dos años". La misma interpretación se extendió a la Ley 23.627.

Sobre las costas de primera instancia, se afirmó que "el artículo 68 del Código Procesal consagra el criterio objetivo de la derrota como fundamento de la imposición de las costas", desestimando el pedido de imponerlas por el orden causado.