MARTINO SANTIAGO MARCELO Y CHAVES MIGUEL ANGEL s/TENENCIA ILEGITIMA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACION -CAUSA N° 2544-

¿Quién es el actor?

Ministerio Público Fiscal (quien recurre la decisión de casación).

¿A quién se demanda?

Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, que declaró mal concedido el recurso de inconstitucionalidad.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Queja por denegación de recurso extraordinario federal (art. 14 ley 48) contra la resolución de casación que, a su vez, había declarado mal concedido el recurso de inconstitucionalidad fiscal contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, que había declarado la inconstitucionalidad de la inhabilitación civil accesoria de la pena privativa de libertad superior a tres años (art. 12, segunda parte, Código Penal).

Qué se dictaminó: El Procurador General opina que debe abrirse la queja, declararse procedente el recurso extraordinario, revocarse el pronunciamiento apelado y devolverse las actuaciones al tribunal de origen para que dicte uno nuevo.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Estamos ante un recurso federal que resulta formalmente procedente en tanto se dirige contra una resolución definitiva emanada del superior tribunal de la causa a los fines del artículo 14 de la ley 48, mediante el cual se cuestiona, con base en la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, que la decisión del a quo importa la indebida restricción de una vía apta para el examen de la cuestión federal planteada".

"En el caso en examen se ha resuelto contra la validez de una ley de derecho común dictada por el Congreso, por reputarse violatoria de los artículos 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 5, apartado 6, de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuestión que, en principio, reviste carácter federal".

"En consecuencia, a mi juicio, lo resuelto por el a quo en el supuesto que se trata implica una negativa a resolver la cuestión federal planteada, cercenando indebidamente las facultades recursivas del Ministerio Público Fiscal, lo que descalifica la sentencia como acto jurisdiccional válido."