MARATTA JUAN c/ A.S.O.S. s/DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Juan Maratta.

¿A quién se demanda?

A.S.O.S.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

daños y perjuicios.

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema declaró la nulidad de la resolución que concedió el recurso extraordinario federal y ordenó que los autos vuelvan al tribunal de origen para que dicte una nueva decisión sobre ese punto. La sentencia del tribunal provincial que había anulado parcialmente la condena no fue objeto de la decisión de la Corte, que se limitó a la admisibilidad del recurso.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Si bien incumbe exclusivamente a la Corte juzgar sobre la existencia o no de un supuesto de arbitrariedad, ello no exime a los órganos judiciales llamados a dictar pronunciamiento, de resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada cuenta respecto de cada uno de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento, a la luz de la doctrina del Tribunal, a la invocación de un caso de inequívoco carácter excepcional, como lo es el de arbitrariedad."

"...la concesión del remedio federal no resulta debidamente fundada, toda vez que el a quo debió haber valorado específicamente la admisibilidad del recurso respecto de cada uno de los agravios vertidos por el recurrente, examinando en cada caso a la luz de la jurisprudencia del Tribunal la concurrencia de las causales alegadas."

"...la mera invocación de garantías constitucionales supuestamente vulneradas por el pronunciamiento no habilita automáticamente la vía del art. 14 de la ley 48 sino se acredita efectivamente dicho menoscabo y su relación directa e inmediata con la resolución cuestionada."

"...la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en lo que deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impiden considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a la que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional."