PERNOD RICARD ARGENTINA S.R.L. c/ CORDOBA, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Pernod Ricard Argentina S.R.L., dedicada a la destilación, rectificación y mezcla de bebidas, elaboración de vinos y analcohólicas, con planta fabril en Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, que tributa bajo el Convenio Multilateral.

¿A quién se demanda?

Provincia de Córdoba.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción declarativa de certeza (art. 322 CPCCN) para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley impositiva 10.412 y de la pretensión fiscal de la Dirección General de Rentas (intimaciones del 23/06/2017 y 29/08/2017, resolución DJRAF-R 0015/2017), que reclamaba diferencias del impuesto sobre los ingresos brutos aplicando a la actora la alícuota del 4,75% en lugar de la del 0,50% aplicada a industrias radicadas en Córdoba, por los períodos 04 a 06 de 2017.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la demanda, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley 10.412 y de la pretensión fiscal fundada en ella, con costas a la vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

La Corte consideró procedente la acción declarativa: "ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la aplicación de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198)", y la actividad provincial "tiene entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, por lo que la controversia es actual y concreta".

Sobre el fondo, remitió a lo resuelto en Fallos: 340:1480 y en "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco" (CSJ 114/2014, sentencia del 31/10/2017), por análoga sustancia.

Concluyó que la ley impositiva, "al gravar a la actora su actividad (...) con la alícuota 'residual' del 4,75% obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias".

Afirmó que "queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y altera la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, incisos 13 y 126), instaurando así una suerte de 'aduana interior' vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio".

La Provincia había sostenido que la medida era una herramienta de promoción industrial amparada en el artículo 125 de la Constitución Nacional y en la cláusula del progreso (art. 75, inc. 18); la Corte no acogió esa defensa, resolviendo por remisión a sus precedentes.