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Cámara de Apelaciones

CORDERO, CELESTE JAQUELINE c/ FRANFOOD S.A. Y OTROS s/DESPIDO

La actora reclamó indemnizaciones y diferencias salariales por despido indirecto y registración deficiente. La Cámara modificó la metodología de actualización de los créditos diferidos y ordenó aplicarlos conforme al art. 55, inciso c) de la ley 27802 desde que cada suma es debida hasta su efectivo pago, confirmando lo demás de la sentencia de grado.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA II
Fuero
NACIONAL DEL TRABAJO
Jurisdicción
Nacional · Ciudad de Buenos Aires
Expediente
CNT 014336/2021/CA001
Despido indirecto Diferencias salariales Actualizacion de credito Ley 27802 Art. 55 Ipc Honorarios Costas de alzada Lct art. 80 Sala ii

¿Quién es el actor?

Cordero, Celeste Jaqueline (trabajadora/actora).

¿A quién se demanda?

FRANFOOD SA (y Consorcio de Propietarios Edificio Paseo Alcorta, respecto del cual se rechazó la solidaridad).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnizaciones por despido indirecto, diferencias salariales por deficiente registración (categoría, jornada y pagos en mano), horas extras y multas laborales; entrega de certificaciones de servicios (art. 80 LCT).

¿Qué se resolvió?

Se modificó la sentencia apelada únicamente en la metodología de actualización de los créditos diferidos, disponiendo que se actualicen conforme a las pautas del art. 55, inciso c) de la ley 27802 desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago; se confirmó en lo demás lo resuelto en primera instancia; se impusieron las costas de Alzada en el orden causado; se dejaron sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en primera instancia y se fijaron nuevos honorarios por la primera instancia y por la Alzada conforme a lo detallado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

1) "La ley 27802 (BO 6/3/2026), en su art. 55 dispone que «[e]n los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, (…) los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios: a) A través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente; b) En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual; c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo»."

2) "Frente a la declaración de inconstitucionalidad de oficio del precepto dispuesta en la anterior instancia ... considero que la norma en cuestión —especialmente a la luz del criterio de confiscatoriedad utilizado por el Máximo Tribunal— supera el examen de razonabilidad, por lo que no cabe mantener la declaración de inconstitucionalidad adoptada en grado."

3) "En atención a que, al momento de la elaboración del presente voto, de acuerdo a lo decidido en la sentencia de primera instancia el monto total de condena (actualizado por IPC con más el 3% anual, tope máximo legal) ascendería a la cantidad de $10.041.115,36, mientras que conforme las pautas legales vigentes del art. 55 señalado, el inciso a) arroja como resultado la suma de $4.377.940,51, que se encuentra por debajo del mínimo de $6.727.547,29 que impone el tercer inciso (67% del tope de IPC + 3%), voto por modificar la sentencia de primera instancia y establecer que el monto de condena se actualice de conformidad con el inciso c) del art. 55 de la ley 27802, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago."

¿Cómo votaron los jueces?

La Dra. Andrea E. García Vior manifestó su oposición en cuanto a la validez constitucional del art. 55 de la ley 27802, expresando "mi posición contraria a la validez constitucional del art. 55 de la ley 27802", pero adhirió por razones de economía y celeridad procesal al voto del Dr. Sudera; esa postura no integró la decisión de la mayoría que aplicó el art. 55, inc. c).

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