COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SA c/ ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO s/LEALTAD COMERCIAL - LEY 22802 - ART 22

¿Quién es el actor?

Coto Centro Integral de Comercialización S.A. (Coto CICSA).

¿A quién se demanda?

Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Productivo (Secretaría de Comercio Interior).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso directo contra la resolución administrativa RESOL-2019-808-APN-SCI#MPYT que impuso una multa de $400.000 por infracción a las Tablas I y II del Reglamento Técnico Mercosur sobre Muestreo y Tolerancias de Productos Premedidos (reglamentario de la ley 22.802). La recurrente alegó, entre otros puntos, que la pérdida de peso por deshidratación eximía de responsabilidad, falta de motivación y arbitrariedad en la graduación de la sanción.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso interpuesto por Coto CICSA, con costas, y se regularon los honorarios de la actuación letrada de la parte demandada en la cantidad de 5 UMA (equivalentes a $540.025). Se dejó constancia de que el juez Marcelo Daniel Duffy no suscribe por hallarse en uso de licencia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, del acta de inspección 003140 del 20/9/2016 y de sus planillas anexas (v. fs. 1/6 del expediente administrativo) surge que se efectuaron controles de contenido neto sobre distintos productos que la recurrente tenía exhibidos para su comercialización, y que las diferencias verificadas entre los pesos declarados y los efectivos excedían las tolerancias admitidas por la normativa aplicable. Concretamente, se constató que la cantidad de unidades que presentaban esas diferencias superaba los criterios de aceptación establecidos en la Tabla II, circunstancia que fue detallada en la resolución sancionatoria (v. fs. 45/50)."

"Por lo demás, no se advierte la invocada falta de motivación ni la vulneración del derecho de defensa, toda vez que la autoridad administrativa examinó expresamente los argumentos referidos a la deshidratación y explicó las razones por las cuales consideró que esa circunstancia no eximía de responsabilidad a la firma sumariada (v., en especial, fs. 48/49). En tales condiciones, corresponde desestimar los agravios dirigidos a cuestionar la configuración de la infracción y la validez del acto sancionatorio."

"Sobre tales bases, no puede soslayarse que el importe en cuestión ($400.000) no sólo fue fijado dentro de los límites establecidos por la normativa entonces vigente, sino que —además—la Administración ponderó la naturaleza de la infracción, la cantidad de productos involucrados, la posición de la empresa en el mercado y sus antecedentes por infracciones a la ley 22.802. Asimismo, cabe destacar que en las actuaciones administrativas se desarrollaron las pautas consideradas para estimar el monto de la sanción, entre ellas, los antecedentes infraccionales de la sumariada —agregados a fs. 9/18— y su volumen de facturación (v. PV-2019-17639630-APN-DAYEM#MPYT, obrante a fs. 35)."

¿Cómo votaron los jueces?

Se deja constancia de que el señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia; no se registra disidencia fundada en el acuerdo dispositvo.