INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN AUTOS AYALA LOPEZ, GUSTAVO ADOLFO SOBRE 201 - VENTA, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN O ALMACENAMIENTO DE AGUAS POTABLES, MEDICAMENTOS O MERCADERÍA INSALUBRES

¿Quién es el actor?

Asesoría Tutelar N° 1 (en representación de los beneficiarios del Hogar Curapaligüe).

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA) y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

amparo genérico tendiente a obtener la provisión de condiciones edilicias adecuadas en el Hogar Curapaligüe (agua caliente, mobiliario, reparaciones de paredes, pisos, techos, puertas, ventanas, sanitarios y cortinas), dispuestas en la medida cautelar.

¿Qué se resolvió?

el Tribunal Superior de Justicia rechazó la queja interpuesta por el GCBA y ordenó remitir la causa a la Sala interviniente para su agregación a los autos principales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Los agravios que a este respecto el GCBA pretende traer a conocimiento de este Tribunal (evaluación del cumplimiento de la medida cautelar dictada en autos y de la procedencia de las astreintes) no importan desentrañar cuestión constitucional alguna, sino que exigen el análisis de circunstancias de hecho y del derecho procesal infraconstitucional, cuestiones que resultan, en principio, privativas de los jueces de mérito, sin que el GCBA logre articularlas con la interpretación de las cláusulas constitucionales que invoca."

"Vale recordar que la doctrina de la arbitrariedad de sentencia no tiene por objeto corregir fallos equivocados o que se consideran tales sino, únicamente, aquellos casos en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo impidan considerar el pronunciamiento cuestionado como la 'sentencia fundada en ley'..."

"Esa decisión no es la definitiva a que se refiere el artículo 27 de la ley 402, ni el recurrente justifica que dicho apercibimiento le ocasione un gravamen irreparable que autorice a equipararlo a una decisión definitiva."

La jueza Ruiz, por su parte, sostuvo que "los dichos del GCBA no superan el nivel de una mera discrepancia" y que no se cumplió la carga de crítica concreta exigida por el artículo 33 de la ley 402.