ALVAREZ JOSE ANTONIO c/ FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

José Antonio Álvarez.

¿A quién se demanda?

F.C.A. S.A. de Ahorro para Fines Determinados y Piazza S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

resolución contractual (retroactiva al 31/05/2018), que la deuda sea considerada dineraria, reintegro de sumas pagadas en exceso, devolución de gastos de administración, indemnización por daño patrimonial ($55.000 solicitado), daño moral ($45.000 solicitado) y aplicación del art. 52 bis LDC (daño punitivo).

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda: condenó solidariamente a las demandadas a restituir los gastos de administración percibidos entre mayo de 2018 y diciembre de 2019 (con intereses), abonó daño moral por $150.000 (con intereses: 8% anual desde el 01/05/2018 hasta la sentencia, luego tasa activa promedio BNA) y daño punitivo por $1.000.000 (con intereses desde el pronunciamiento hasta el pago). Se rechazaron otras pretensiones de resolución contractual y determinados rubros. Costas de la alzada a los recurridos vencidos.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Es importante señalar que resultan de plena aplicación las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N° 24.240), encontrándonos indudablemente frente a una relación de consumo (art. 3 LDC), revistiendo la actora el carácter de consumidora, en los términos del art. 1 del referido cuerpo legal, y las demandadas, el carácter de proveedoras, en los términos del art. 2 de la misma ley."

"Del referido cuadro normativo, puede inferirse con toda claridad la existencia de un mandato entre las partes suscriptora del plan y la administradora de este. No sólo forma parte del contrato mismo que las partes han suscripto, sino que, además, dicho carácter surge de la normativa del ente regulador (IGJ), razón por la cual devienen de aplicación las normas contenidas entre los arts. 1319 y 1334 del Cód. Civil y Comercial. En tales circunstancias, correspondía a la administradora cumplir con tales reglas del mandato allí previstas, como bien lo señaló el fallo recurrido."

"Ante el escenario de devaluación de nuestra moneda producido entre los meses de mayo de 2018 y septiembre de 2019... lo esperable era que la administradora cumpliera con su deber de advertencia, diera aviso o comunicara de alguna manera el impacto que ello produciría en el precio de los automóviles, puntualmente, en su 'valor móvil.' Tal solución encuentra adecuado sustento en lo regido por el art. 1324 del CCyCN, inc. b), que dice textualmente: 'dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia sobreviniente que razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas, requiriendo nuevas instrucciones o ratificación de las anteriores, y adoptar las medidas indispensables y urgente.'"

(Voto mayoritario; no se registran disidencias en el bloque resolutivo final.)