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Cámara de Apelaciones

PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R. c/ COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUITECTOS DE TUCUMAN s/ EJECUCION FISCAL

La Provincia de Tucumán apeló la declaración de inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley provincial Nº 8.851 sobre pago prioritario de acreencias. La Cámara III confirmó la sentencia de primera instancia y rechazó el recurso, fundando su decisión en que los honorarios profesionales tienen carácter alimentario y, por su monto (inferior a dos sueldos de juez de primera instancia), quedan exceptuados de la pauta rígida de antigüedad prevista por la ley.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 3 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 3
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
A6539/15
Ejecucion fiscal Ley 8.851 Inconstitucionalidad Honorarios profesionales Caracter alimentario Prioridad de pago Antiguedad de planilla Provincia de tucuman Costas Sala iii

¿Quién es el actor?

PROVINCIA DE TUCUMÁN - D.G.R.

¿A quién se demanda?

COLEGIO PROFESIONAL DE ARQUITECTOS DE TUCUMÁN (y letrado Daniel Moeremans como acreedor por honorarios).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución fiscal; discusión sobre la aplicabilidad de la Ley Nº 8.851 que fija orden estricto de antigüedad para el pago de condenas y la inconstitucionalidad de su aplicación respecto de honorarios profesionales.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación de la Provincia y se confirmó la sentencia de fecha 1 de junio de 2018 (fs. 110/111) que declaró la inconstitucionalidad de la aplicación de ciertos preceptos de la Ley Nº 8.851 (y norma reglamentaria) en cuanto impiden el trato diferenciado de créditos de naturaleza alimentaria; se impusieron las costas por el orden causado y se reservaron honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ello en tanto como ya tuvimos oportunidad de expresarlo (vide CCDL- Sala III - autos “Gobierno de la Provincia de Tucumán –DGR- vs. Los Cevilares S.A. s/ Ejec. Fiscal –Incidentes –Inc. de Eje. De Hon. Dr. G.J. Molina, Expte. n°A3018/01-12, fallo n°403 del 29/11/2017) nuestro Tribunal Cimero ha expresado que la ley nº8.851, '...estatuya un sistema rígido que no contempla en su letra ninguna situación especial o de excepción, en la medida que se circunscribe a fijar como criterio dirimente para establecer prioridad temporal de pago de las acreencias del estado, el "estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de planilla firma y definitiva (art.4, último párrafo, Ley Nº8.851).... Es que si el crédito...es de naturaleza alimentaria, va de suyo que la fecha de su cobro no puede quedar sujeta a una pauta que sólo se atiene estrictamente a la antigüedad de la planilla firme, sin tomar en consideración una situación especial como la naturaleza alimentaria de su acreencia.- De allí que la ausencia de un tratamiento diferenciado al que la Ley y su Decreto reglamentario someten a las deudas del estado, sin aprehender las circunstancias atendibles como la de marras, conduce indefectiblemente al resultado disvalioso de que, en la práctica, se vean satisfechas primeramente obligaciones que no participan de las condiciones necesarias para merecer un despacho preferente, en desmedro de otras - como las que nos ocupa-, que si ostentan tales características.- Por lo tanto, ante la omisión en la legislación en examen de una excepción al principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro camino que declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley 8.851 (...)'."

"En el sub examine no podemos soslayar que el crédito sobre el que gira la disputa es por honorarios profesionales impagos, y como también en aquel precedente dijimos que '…los honorarios tienen carácter alimentario, desde que se trata de la contraprestación que reciben los profesionales independientes por el ejercicio de su profesión, y, en este sentido, no difieren en sustancia, de los sueldos y salarios que perciben quienes trabajan en relación de dependencia (conf. CNCiv., Sala II, 14/11/88, “Vittar, Eduardo C. c/Ferrocarriles Argentinos”, Zeus, 51-R-14)'."

"Sentado lo expuesto y atendiendo al monto de los emolumentos regulados al letrado Daniel Moeremas en estos autos, se advierte que los mismos son inferiores a dos sueldos de juez de primera instancia, razón por la cual en su totalidad y conforme los parámetros que hemos dejado establecidos, tienen carácter alimentario. De tal modo esos emolumentos no se encuentran alcanzados por las disposiciones de la ley 8.851, por ser inconstitucional su aplicación en este caso y así se declarará..."

¿Cómo votaron los jueces?

No se registran disidencias en el texto; el bloque resolutorio confirma la sentencia apelada.

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