JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

ROMANO ALBERTO FELIX c/ EMPRESA FLORIDA S.R.L. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

El actor promovió demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de transporte y fue condenado por daño moral y daño punitivo. La Cámara modificó la condena por daño punitivo fijándola en $11.781.570 e hizo lugar parcialmente al recurso de los demandados, confirmando en lo demás.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - Sala 3
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
3912/16
Accidente de transito Dano moral Dano punitivo Ley 24.240 Consumidor Canasta basica Indemnizacion $11.781.570 Nulidad ministerio publico fiscal Costas Intereses bancarios Observacion adicional: sentencia de fecha de primera instancia 08/02/2024 Resolucion de camara del 26/12/2024 que modifica exclusivamente el monto del dano punitivo.

¿Quién es el actor?

Romano Alberto Félix (actor, pasajero afectado).

¿A quién se demanda?

Empresa Florida S.R.L., Jorge Alfredo Quinteros (chofer) e Iñigo Mario Alejandro (chofer), y Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros (citada en garantía).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Daños y perjuicios por accidente de tránsito ocurrido el 26/05/2015, con reclamo por daño moral y daño punitivo (entre otros rubros).

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de los demandados y modificó la sentencia de primera instancia únicamente en cuanto al rubro daño punitivo, fijando la indemnización punitiva en $11.781.570 más intereses; confirmó la condena por daño moral en lo esencial y las demás decisiones atacadas se mantienen; costas a cargo del demandado; honorarios a regular en origen.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En sentido concordante, sostuvo el Alto Tribunal que 'si bien la determinación de la multa depende del prudente arbitrio judicial, el juzgador debe tener en cuenta a los fines de su determinación la capacidad económica del dañador, la naturaleza y grado de reproche, la extensión del beneficio obtenido, la propagación de los efectos de la infracción, la prolongación en el tiempo del daño y la extensión de los riesgos sociales. En esta inteligencia, tal como enseña Zavala de González, las pautas aludidas resultan aplicables analógicamente a las multas civiles previstas en el art. 52 bis, por lo que cabe realizar las siguientes precisiones como presupuestos de vigencia del daño punitivo: a) La «cuantía del beneficio obtenido», pues en él se comprende la magnitud del ahorro en costos de prevención; b) La «posición en el mercado del infractor». No es igual el poder preventivo ni la capacidad de pago del titular de una gran fábrica, que el de un modesto emprendimiento familiar, aunque en ambos casos el producto sea análogo y pueda tener idéntica falencia; c) La «gravedad de riesgos o de daños sociales', pues su entidad y propagación suelen acentuarse cuanto más serias son las gestiones de seguridad soslayadas por el infractor...'"

"Ahora bien, ajustando el monto a las modificaciones del daño punitivo (art. 47 inc. b), las concretas particularidades de la causa, nos llevan a proponer una suma equivalente a quince 'canastas básicas - hogar 3', siendo el valor a noviembre de 2024 de cada 'canasta básica' de $785.438 (indec.gob.ar) por lo que se establece la multa en $11.781.570 con más los intereses conforme la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina."

"En efecto, se dijo que es esencial la intervención del Ministerio Público Fiscal (art. 52 Ley 24.240 y art. 484 CPCC). No obstante, en las circunstancias concretas del caso, tal omisión no justifica la nulidad de oficio... La nulidad de las actuaciones constituye una solución a adoptar en razón de las circunstancias singulares de la controversia en examen y sin más propósito que el de decidir el caso particular. Por ello, en el presente caso en el que el resultado es favorable al actor, declarar la nulidad en este caso sería contrario a los intereses del actor, en tanto consumidor amparado por la legislación al respecto."

¿Cómo votaron los jueces?

El voto preopinante del Dr. Alberto Martín Acosta (propuesta y fundamentos arriba transcritos) y adhesión del Dr. Raúl Horacio Bejas; decisión adoptada por unanimidad de los votos en el acuerdo (2-0).

Normas que cita

  • Ley 24.240arts. 52, 47, 49, 52 bis · Defensa del consumidor
  • CPCCN (Tucumán)art. 484
  • CPCCT (Tucumán)arts. 216, 61
  • CCCNart. 1741 · Codigo civil y comercial de la nacion
  • Constitución Nacionalart. 19 · Constitucion nacional
  • Ley 24.449art. 52 bis · Ley de transito

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