ASTUDILLO LILIANA ISABEL c/ BANCO MACRO S.A. s/ SUMARIO (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

Astudillo Liliana Isabel (actora/consumidora jubilada).

¿A quién se demanda?

Banco Macro S.A. (proveedor financiero).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reparación por retenciones indebidas sobre haberes jubilatorios y condena por daño punitivo (multa civil) conforme art. 52 bis LDC.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación de la actora y se modificó la cuantía de la multa civil a favor de la actora, fijándola en 5 (cinco) canastas básicas total para el hogar 3, conforme valor vigente al tiempo de quedar firme el pronunciamiento; costas conforme lo considerado; reserva de pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El fallo casó la sentencia dictada por la Sala II de este Tribunal en lo que respecta al monto reconocido en concepto de multa civil del art. 52 bis LDC, en base a las siguientes doctrinas legales: “Carece de fundamentación suficiente y debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia que cuantifica la sanción por daño punitivo omitiendo valorar la reincidencia del infractor en la conducta reprochada”; “Resulta arbitraria la sentencia que omite comprobar si el monto fijado en concepto de multa por daño punitivo es adecuado y suficiente para cumplir las funciones sancionadora, preventiva y disuasiva de la figura”."

"En este cometido, cabe recordar que el daño punitivo no persigue una finalidad meramente resarcitoria, sino que se orienta a castigar conductas particularmente graves de los proveedores y a disuadir su reiteración, tanto por parte del infractor como de otros operadores del mercado."

"En este marco, a fin de lograr disuadir en el futuro la conducta desplegada por el Banco demandado, se establece el monto de condena por multa civil a su cargo y a favor de la actora en 5 (cinco) canastas básicas total para el hogar 3 (cf. art. 47 LDC, modificado por ley 27.701), conforme al valor vigente al tiempo de quedar firme este pronunciamiento."

Además, la Cámara resaltó que la conducta del banco consistió en "la retención indebida y desproporcionada de haberes jubilatorios de naturaleza alimentaria, respecto de una consumidora jubilada hipervulnerable, en un contexto de emergencia sanitaria", y valoró como agravantes el trato indigno (requiso de pago a la hija de la actora), la persistente negativa del banco a reconocer la ilegitimidad del obrar y la existencia de precedentes que evidencian reincidencia.

¿Cómo votaron los jueces?

Voto mayoritario de la Dra. Laura A. David (preopinante) y adhesión del Dr. Álvaro Zamorano. La Dra. Marcela F. Ruiz no integra el acuerdo por inhibición; la sentencia consta dictada por dos miembros que coincidieron.