DISTRIBUIDORA TUCUMANA DE AZUCARES S.A. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ NULIDAD / REVOCACION.

¿Quién es el actor?

DISTRIBUIDORA TUCUMANA DE AZÚCARES S.A.

¿A quién se demanda?

PROVINCIA DE TUCUMÁN (Dirección General de Rentas; y se impugna asimismo la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelaciones Nº 699/17).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de la Resolución DGR Nº M-1596/17 del 21/04/2017 que impuso multa de $11.250 por incumplimiento de deberes formales (requerimientos F.6.005 de fecha 24/06/2015) y nulidad de la sentencia del TFA que la confirmó.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó la demanda de nulidad; se impusieron las costas a la actora y se reservó pronunciamiento sobre honorarios. Se confirmó la resolución administrativa y la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelaciones.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En conclusión, de acuerdo con lo normado por el artículo 54 del Código Tributario Provincial, reformado por ley 8.490, el plazo de prescripción aplicable en la especie es de dos años."

"El art. 63 del Código Penal establece que la prescripción de la acción punitiva empieza a correr desde la medianoche del día en que se cometió la infracción. Dicha norma resulta aplicable también al caso por remisión del CTP, por lo que, en mérito a ella, corresponde tomar como dies a quo del plazo de prescripción el día 09/07/2015, puesto que aquel día 08/07/2015 se configuró la conducta infractora del contribuyente. Por ello, no asiste razón a la demandada en cuanto a que la infracción habría tenido lugar en la fecha en que la Administración constató el incumplimiento que imputó al demandado, por acta F. 6.006 nº 0001-00096811, el día 24/08/2015."

"Efectuadas las precisiones precedentes, y establecidos los momentos entre los cuales debe computarse el período transcurrido, resulta de toda evidencia que entre uno y otro (09/07/2015 y el 21/04/2017; o incluso el 23/06/2017), no se han cumplido los dos años a que refiere el art. 62, inc. 5 del CP, por lo que la pretensión de que se declare prescripta la acción del Fisco para imponer una sanción al actor, no puede prosperar."

Adicionalmente, sobre eficacia del acto administrativo: "el acto administrativo de imposición de multa no depende de su notificación para su existencia y validez ya que ella hace, no a éstos, sino a su eficacia ... De lo que se colige que la pena impuesta mediante resolución de la Dirección General Rentas, tiene existencia y validez a los efectos de la prescripción y su cómputo."

¿Cómo votaron los jueces?

El Dr. Carlos Giovanniello votó por el rechazo con los fundamentos anteriores. El Dr. Juan Ricardo Acosta adhirió "vot[ó] en el mismo sentido". No hubo disidencia.