SERNA GONGORA JUAN MANUEL Y OTRA c/ FREE WAY S.R.L. s/ SUMARIO (RESIDUAL

¿Quién es el actor?

Juan Manuel Serna Góngora y Claudia María Peñaranda Barroso.

¿A quién se demanda?

Free Way S.R.L.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción de consumo por incumplimiento contractual y omisión del deber de información en la contratación de un paquete turístico internacional (pasajes aéreos y alojamiento), con peticiones de reintegro, daños patrimoniales, daño moral y sanción pecuniaria disuasiva.

¿Qué se resolvió?

Se confirmó la sentencia de primera instancia de fecha 30/05/2025 y su aclaratoria 13/06/2025. Se hizo lugar a la demanda y se condenó a Free Way S.R.L. a restituir sumas y abonar las indemnizaciones fijadas (reintegro $176.656,86; daño patrimonial U$S 500; daño moral $2.000.000; daño punitivo/ sanción pecuniaria disuasiva $3.502.627,35), se impusieron costas a la demandada y se reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"De las constancias de autos surge con claridad que el vínculo que unió a las partes encuadra en una relación de consumo, conforme los arts. 1 y 2 de la Ley 24.240 y el art. 42 de la Constitución Nacional.

Los actores contrataron un paquete turístico internacional, compuesto por transporte aéreo y alojamiento, ofrecido por la demandada en su carácter de operador mayorista, a través de una agencia minorista intermediaria, resultando plenamente aplicables al caso los principios y normas del derecho del consumidor, así como los arts. 1092, 1093, 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial de la Nación, que imponen una interpretación protectoria y favorable al consumidor, por lo que la sentencia de grado ha encuadrado correctamente la cuestión dentro de dicho marco normativo."

"El deber de información, como uno de los pilares fundamentales del derecho del consumidor, consiste en la obligación que tiene el proveedor de suministrar al consumidor datos veraces y detallados sobre las características esenciales de los bienes y servicios que ofrece, así como las condiciones de su comercialización. ... Dicho esto, el art. 4 de la Ley 24.240 y el art. 1100 del CCCN imponen al proveedor el deber de suministrar información cierta, clara y adecuada, especialmente respecto de circunstancias que pueden impedir el goce del servicio contratado. De las pruebas rendidas en esta causa se encuentra acreditado que la Sra. Claudia Maria Peñaranda Barroso, de nacionalidad boliviana, requería visa consular para ingresar a México (cuestion que no esta en discusión). Tal requisito no fue informado al momento de la contratación. Dicha omisión terminó desencadenando la frustración total del viaje, con regreso anticipado de ambos actores.

La demandada no probó haber cumplido con su deber legal, ni haber advertido de manera expresa y eficaz sobre los requisitos migratorios exigidos. La eventual responsabilidad de la aerolínea o de la autoridad migratoria no excluye ni atenúa la responsabilidad del proveedor frente al consumidor. En materia consumeril, el factor de atribución es objetivo, conforme los arts. 5 y 40 de la Ley 24.240. El nexo causal entre la omisión informativa y los daños sufridos se encuentra acreditado mediante la prueba informativa de la aerolínea, la documental migratoria y los comprobantes de gastos obrantes en autos. La demandada no acreditó culpa de la víctima ni de un tercero por quien no deba responder, por lo que el agravio carece de sustento."

"En lo que respecta a la procedencia de la multa civil, advierte esta Fiscalía que el magistrado de grado ponderó: '…se observa que la demandada, conforme quedó plenamente acreditado, omitió información sumamente delicada a los fines de que los actores, específicamente la Sra. Peñaranda, pueda ingresar al país de destino, y disfrutar, junto a su pareja y coactor, las vacaciones contratadas en el paquete turístico que comercializa la demandada. ... La multa civil, tiene carácter patrimonial, por lo cual debe traducirse en una suma de dinero. Conforme las pautas que propone el artículo 52 bis, la misma “se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso”. ... En consecuencia con lo expuesto, correspondería mantener la multa civil impuesta por el magistrado de grado, quedando a criterio de V.E. la determinación de su monto.'"

¿Cómo votaron los jueces?

La decisión fue adoptada por mayoría (dos votos coincidentes: Magdalena Dolores Leone Cervera y María del Pilar Amenábar) que confirmaron la sentencia de grado; la fundamentación citada por la primera votante quedó aprobada por la segunda.