ABOY, MIGUEL ANGEL Y OTROS c/ TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. Y OTRO s/OTROS RECLAMOS

¿Quién es el actor?

ABOY MIGUEL ANGEL; BONACCI ANTONIO FLAVIO; GUZMAN FERNANDO JORGE HUMBERTO; LOPEZ PEREYRA MASCI SUSANA LUCÍA; MELOGRANO DANIEL ALFREDO; PARODI GUSTAVO ALBERTO; POLLET HUGO ROBERTO; TRUBILLA GUILLERMO ANDRÉS; NAMUR EDUARDO.

¿A quién se demanda?

TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS – ESTADO NACIONAL.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

pago de sumas de dinero por indemnización de daños y perjuicios derivados de la falta de emisión y entrega de los Bonos de Participación en las Ganancias previstos por el art. 29 de la Ley 23.696 (créditos laborales derivados de la privatización de ENTEL). Se pidió computar créditos no prescriptos desde 2004 y ampliación hasta sentencia.

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar a la demanda contra TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y se la condena a abonar a los actores la suma que determine el perito contable (con actualización e intereses conforme criterio fijado), rechazándose la demanda contra el Estado Nacional; se rechazan las excepciones de prescripción planteadas por las codemandadas; se ordena la liquidación por perito (art. 132 L.O.) computando el 0,50% de las utilidades netas de cada ejercicio a distribuir entre los actores según su coeficiente, desde el año 2004 hasta el dictado de la sentencia (con la salvedad de LOPEZ PEREYRA MASCI quien se computa hasta 31/01/2016). Además, el juez declaró inconstitucional e inconvencional el art.55 inciso c) de la Ley 27.802 en cuanto impone una quita del 33% para créditos en juicio y estableció que los importes no podrán ser inferiores a lo previsto en el art.55 inciso b) de la misma ley; intereses y actualización se aplicarán desde la exigibilidad de cada crédito hasta el pago.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El plazo de prescripción que corresponde a la acción por los créditos en favor de los trabajadores que establece el art. 29 de la ley 23.696 es el previsto en el art. 4.023 del Código Civil... por el plazo de 10 años." (citación del Plenario Nº 327, “Medina, Nilda Beatriz ...”).

Sobre la inconstitucionalidad del Decreto 395/92: "Que como corolario del análisis de las normas que confluyen en el caso, se observa que el propósito tenido en cuenta por el legislador al dictar la Ley Nº 23.696 de tornar operativo ... ha quedado frustrado a raíz de una reglamentación que colisiona con la letra de la normativa y que resulta adversa al espíritu que la inspiró. En efecto, los textos reglamentarios, en especial el del art. 4° del Decreto Nº 395/92, se inscriben en una línea de interpretación restrictiva del derecho social consagrado por los preceptos constitucionales y legales... En las condiciones expresadas, el vicio que exhibe el art. 4° del Decreto Nº 395/92 conlleva a su descalificación constitucional..." (remisión a CSJN, "Gentini...").

Cuantificación: "corresponde resarcir a los actores por los daños y perjuicios derivados de la falta de emisión y entrega de los bonos ... por la suma que resultará de computar el 0,50% de las utilidades netas de cada ejercicio obtenidas por la empresa demandada TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., cantidad que deberá distribuirse entre los accionantes en función del porcentaje de participación accionario (coeficiente)..."

Sobre intereses/actualización y control constitucional: "En el marco antes indicado entiendo que el artículo 55 en cuestión en cuanto determina en su inciso c que el monto mínimo garantizado (IPC más el 3% anual) tendrá una quita del 33% para los créditos que se encuentren en instancia judicial y sin sentencia definitiva resulta inconstitucional e inconvencional." El juez fundamenta la invalidación por violación del principio de igualdad y no discriminación (arts. 1.1 y 24 CADH; arts. 16 y 75.19 CN) y por afectación al derecho de propiedad (art. 17 CN; art. 21 CADH).

Sobre responsabilidad del Estado: "la condena sólo se hará efectiva hacia la empleadora y no hacia el Estado Nacional, ajeno al marco obligacional... Por otra parte, la empresa TELECOM ARGETNINA S.A. resultaba ser la única obligada a emitir los bonos..." (cita de jurisprudencia de CNAT Sala II).

¿Cómo votaron los jueces?

no constan votos en disidencia en el texto; la decisión es del juez de primera instancia.