ALVAREZ ANGEL JAVIER C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS POLICIAS DE LA P Y OTROS S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Quién es el actor?

Ángel Javier Álvarez, ex agente policial y jubilado (alta previsional 4/9/19).

¿A quién se demanda?

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reconocimiento y recomposición de la bonificación por antigüedad al 3% para los años que fueron suprimidos o reducidos (período 1996–2005) y pago de diferencias devengadas; se impugnan arts. 1 y 2 de la ley 13.354 y normas conexas.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación de la demandada y se confirmó la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda en lo agravado; se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la ley 13.354 en cuanto suprimen o reducen la bonificación por antigüedad respecto de los años 1996 a 2005, se ordenó la reliquidación al 3% para esos años (incluidos 2002 y 2003) desde el 27/9/22, con intereses y aplicación de retenciones legales; se impusieron las costas a la demandada y se diferenció la regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 2 de la ley n° 13.354, al reformar el art. 25 inc. b) de la ley n° 10.430, no derogó las reducciones dejando atrás un episodio clausurado, sino que las incorporó al régimen permanente de liquidación del adicional; y el art. 4 del decreto n° 1.863/05 replicó ese esquema específicamente para el personal policial, esquema que el art. 60 del decreto n° 1.050/09 -reglamentario de la ley n° 13.982- mantuvo luego expresamente respecto de los años de servicio ya cumplidos."

"La disminución de los porcentajes implica un retroceso en la estructura de la remuneración, incompatible con el principio de progresividad en materia laboral expresamente reconocido en el art. 39 inc. 3° de la Constitución Provincial."

"La pretensión de encuadrar estas restricciones bajo el manto de facultades ordinarias de fijación de política salarial desnuda una palmaria incoherencia normativa, pues el dilema que enfrenta la apelante es inescapable: si se trata de una política estatutaria permanente, resulta inconstitucional por confiscar y alterar irreversiblemente la sustancia de la retribución; si, por el contrario, pretende justificarse como una medida de excepción, carece de la insoslayable declaración formal y de la temporalidad que exige el Estado de Derecho en las medidas restrictivas de derechos."

Además, el tribunal sostuvo la naturaleza de deuda de valor y el criterio de cuantificación: "La obligación aquí reconocida constituye una deuda de valor (art. 772 del C.C.yC.): lo debido no es una suma de dinero cristalizada en el pasado, sino el valor correspondiente a un porcentaje del sueldo básico del cargo, cuya cuantificación en dinero se practica al momento de la liquidación tomando el valor del haber entonces vigente."

¿Cómo votaron los jueces?

Sentencia acordada por mayoría (dos votos coincidentes: Enrici y Saulquin). No se informó disidencia.