MARONE MARIO C/ PODER JUDICIAL DE LA PROV. DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPLEO PÚBLICO

¿Quién es el actor?

Mario Marone, empleado del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (Suprema Corte de Justicia).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicita la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de diversas leyes provinciales y del Decreto 240/96 que redujeron la bonificación por antigüedad (período 1996-2005) y la liquidación y pago de las diferencias salariales correspondientes, con actualización e intereses, por la bonificación al 3%.

¿Qué se resolvió?

La Cámara rechazó los recursos de apelación de ambas partes y confirmó la sentencia de fecha 29/05/2026. Se confirmó la declaración de inaplicabilidad de las normas cuestionadas en cuanto producen disminución del adicional por antigüedad y se ordenó que se abonen las diferencias que no se encuentren prescriptas, limitando el retroactivo a los dos (2) años anteriores a la demanda para las sumas devengadas (aplicación del art. 2562 inc. c, CCyC), con interés puro del 6% anual desde el reconocimiento y, desde la sentencia en más, la tasa pasiva aplicable.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Principio por señalar que, si bien la vigencia de las leyes ha cesado, no lo han hecho sus efectos, los que perduran al día de la fecha, afectando el rubro 'antigüedad' que forma parte de la retribución de los actores conforme la prueba rendida en autos. En tal sentido y en consonancia con lo afirmado por el magistrado no es posible sostener la prescripción de una afectación continuada de los derechos, que se renueva mes a mes, a la luz de una pretensa consolidación jurídica de una situación que vulnera derechos de raigambre constitucional. A todo evento, y como más adelante habré de referirme, si es posible hablar de la consolidación parcial de efectos pasados que el transcurso del tiempo ha cristalizado, mas ello no implica que no se pueda cuestionar la vigencia de un ordenamiento cuya constitucionalidad se cuestiona, sólo por el mero paso del tiempo."

"No existe así, un plazo de prescripción en nuestro ordenamiento para vedar el requerir -de manera conjunta con el reclamo de determinado derecho- la inconstitucionalidad de una norma que impide, limita o dificulta el goce del derecho que se reclama. Lo que sí puede prescribir es aquel derecho por el que se acciona, mas no así la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de la norma que impide el acceso a aquel derecho."

(Además de lo anterior, la sentencia funda la inconstitucionalidad por vulneración de los principios constitucionales provinciales —art. 39 CPBA— relacionados con progresividad e indemnidad y por discriminación derivada de normas reglamentarias que excluyeron a ciertos cargos; y aplica la doctrina local que limita el alcance retroactivo del reconocimiento a los dos años previos según el artículo 2562 inciso c del CCyC.)

¿Cómo votaron los jueces?

Por mayoría (Schreginger y Cebey, adhieren). El bloque dispositivo final es el que manda: se rechazaron ambos recursos y se confirmó la sentencia de grado, con imposición de costas en el orden causado y diferimiento de regulación de honorarios.