Placido M. Espindola M. y Otros c/ Imar S.a.i.c.

¿Quién es el actor?

Plácido M. Espíndola y otros (trabajadores).

¿A quién se demanda?

IMAR S.A.I.C. (concursada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

diferencias salariales reclamadas en un juicio laboral tramitado ante el Tribunal del Trabajo N° 2 de Avellaneda; en ejecución, los honorarios del perito contador.

¿Qué se resolvió?

se declaró que el juez del concurso (Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 11) actuó con competencia al ordenar la suspensión de la ejecución de los honorarios del perito, debiendo acatarlo el tribunal local.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"los honorarios profesionales regulados en una causa integran las costas, que son los gastos que las partes se ven obligados a efectuar como consecuencia directa de la sustanciación del proceso"

"el arto 22 de la ley concursal, en su conjunción con el 265 de la ley de contrato de trabajo, resulta aplicable a la ejecución de los honorarios regulados en el juicio laboral, con prescindencia del éxito que el actor haya obtenido en el reclamo del crédito principal."

"De lo contrario, debería reconocerse al honorario una doble naturaleza jurídica, según cuál haya sido el resultado del pleito."

"en la suspensión ordenada en el sub iudice por el juez nacional (art. 22 de la ley concursal), queda comprendida la ejecución de los honorarios del perito contador actuante en la causa laboral."

Considerando 2° (Fallo de la Corte, sin voto separado): los honorarios "emergentes de juicios seguidos contra el concursado por créditos de fecha anterior a la presentación en concurso ... constituyen ... créditos de causa y título anterior a esa presentación pues, aun cuando se los regula en la sentencia o en auto posterior, se los devengó con anterioridad." Considerando 3°: "El carácter accesorio de los emolumentos ... no se pierde ni se ve modificado por el resultado obtenido en el pleito por el actor."

¿Cómo votaron los jueces?

el Procurador General sustituto Felipe Daniel Obarrio había dictaminado que el principio de accesoriedad debía vincularse con la deuda reclamada, y que al rechazarse el crédito principal los honorarios debían continuar en el tribunal laboral; su dictamen no prevaleció.