Jorge Argüello V Arela c/ Nacion Argentina

¿Quién es el actor?

Compañía Arenera del Río Luján S.A., propietaria-armadora del buque "Pato Bragado".

¿A quién se demanda?

Francisco De Castro, capitán del buque de guerra "R.O.U. Río Negro" de la Armada uruguaya (el Estado uruguayo fue inicialmente demandado, pero la actora renunció a su pretensión contra él).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización de daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante) por el abordaje, apresamiento y retención del buque durante siete meses en puerto uruguayo, con prisión preventiva del patrón, derivados de un procedimiento de vigilancia efectuado en aguas del Río Uruguay.

¿Qué se resolvió?

la Corte declaró admisible el recurso extraordinario y confirmó la sentencia que admitió la inmunidad de jurisdicción planteada por el capitán, por entender que su conducta constituyó un acto de servicio del Estado uruguayo, declaración formal de la embajada no sujeta a revisión.

Fundamentos principales (mayoría, votos de Cavagna Martínez, Barra y Nazareno, con adhesión de los restantes ministros según el dictamen de la Procuradora Fiscal): "La inmunidad de los buques de guerra está vinculada a la inmunidad jurisdiccional de los Estados, porque aquéllos son parte de las fuerzas armadas de la Nación y actúan bajo el mando directo e inmediato del soberano". "El examen y juzgamiento de los actos de los órganos de un Estado no puede ser realizado por los tribunales de otro, sin el consentimiento de aquél." Asimismo, la sentencia no negó validez a los tratados de Montevideo de 1940 porque no se dirimió una cuestión de competencia, sino de inmunidad; y el planteo de inconstitucionalidad del art. 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58 fue considerado extemporáneo.

¿Cómo votaron los jueces?

consideró que la sentencia es definitiva y que el art. 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58 debe interpretarse como positivización de un principio de derecho internacional, desestimando su inconstitucionalidad. Sostuvo que la inmunidad de jurisdicción no es absoluta en el derecho comparado, pero que en el caso se trata de un acto iure imperii, por lo que la tesis restrictiva no resulta aplicable. Advirtió que el derecho a la jurisdicción (art. 18 CN) debe armonizarse con el art. 86, inc. 14, CN, y que el planteo de la actora resulta conjetural en cuanto a una eventual declinatoria de competencia de los tribunales uruguayos.