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¿Quién es el actor?

Carlos Hernán Franco (integrante del estudio jurídico Klein y Mairal); con ratificación de Guillermo Walter Klein (h.).

¿A quién se demanda?

Honorable Senado de la Nación (Comisión Investigadora sobre delitos económicos del llamado Proceso de Reorganización Nacional).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de ilegitimidad del allanamiento y secuestro de documentación en el estudio jurídico, y devolución de los documentos incautados.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró actualmente inoficioso el pronunciamiento en la causa, por no subsistir los requisitos necesarios para ejercer su jurisdicción (ausencia de caso o controversia actual), y en consecuencia improcedentes los recursos extraordinarios concedidos. Por decreto de la Presidencia del Senado de fecha 1 de octubre de 1987 se había dispuesto la restitución de la documentación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

El tribunal consideró que "las decisiones en los juicios de amparo deben atender a la situación existente al momento de ser dictadas" y que "la subsistencia de [los requisitos jurisdiccionales] es comprobable de oficio y que su desaparición importa la del poder de juzgar". Señaló además que "el único impedimento para que la pretensión del actor sea satisfecha, reside en su propia conducta discrecional", por lo que el amparo resulta improcedente por ausencia de lesión actual. Sobre el recurso del Senado, indicó que "el poder de juzgar ha de ejercerse en la medida en que perdure una situación de conflicto de intereses contrapuestos en el marco de un 'caso' o 'controversia'", y que "esta Corte no puede expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de normas o actos emitidos por los otros Poderes del Estado". Se trata de una decisión unánime; el dictamen del Procurador General (Gauna), que proponía devolver al accionante la totalidad de los elementos secuestrados, no fue seguido por el tribunal, que no se pronunció sobre el fondo.