CALISAYA RUTH YAMILA Y OTRO c/ MINISTERIO DE SEGURIDAD Y OTROS s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG

¿Quién es el actor?

CALISAYA, RUTH YAMILA y PEREZ, GABRIEL ALEJANDRO.

¿A quién se demanda?

ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE SEGURIDAD, GENDARMERIA NACIONAL y CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA POLICÍA FEDERAL.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad del Decreto 679/97 y cese inmediato del descuento del 3% adicional sobre los haberes.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar a la demanda en cuanto persigue la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 679/1997; se ordenó a la parte demandada practicar la liquidación, efectuar la previsión presupuestaria y pagar, en los términos del art. 132 de la ley 11.672 (T.O. 2005) y del procedimiento de cancelación de créditos previsto para condenas contra el Estado; se impusieron las costas a la demandada vencida (art. 68 CPCCN); se difirió la regulación de honorarios de la parte actora para la etapa de ejecución (ley 27.423).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 99 inc. 3° de la Constitución Nacional habilita al Poder Ejecutivo Nacional al dictado de decretos de necesidad y urgencia, ante la existencia de circunstancias excepcionales que hicieran imposible el seguimiento de los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y siempre que no se trate de las materias penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Se puede afirmar entonces que su naturaleza es legislativa, aunque formalmente se trata de un acto administrativo."

"Sin embargo, el Alto Tribunal consideró que los fundamentos dados por el Poder Ejecutivo Nacional no alcanzan para poner en evidencia que el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusiera en riesgo el normal funcionamiento del sistema previsional de la Gendarmería Nacional, sino que por el contrario, tradujo la situación de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé (Fallos: 322:1726)."

"Por ello y siguiendo la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el fallo mencionado, haré lugar a la demanda en cuanto declara la inconstitucionalidad del Decreto 679/1997."

"Seguidamente será analizada la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada... deben considerarse prescriptos los créditos anteriores a los dos (2) años previos a la interposición de la demanda... de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 segundo párrafo de la Ley 23.627."