AQUINO, SERGIO GUSTAVO c/ AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO (ARCA EX AFIP) s/ACCION MERE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Sergio Gustavo Aquino, beneficiario de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina.

¿A quién se demanda?

Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad de los arts. 23 inc. c), 79 inc. c), 81 y 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias 20.628 (y modificatorias) en cuanto alcanzaban a los haberes previsionales; inaplicabilidad de las Res. 314/2004 (Ministerio de Economía y Producción) y 598/2019 (Secretaría de Hacienda); cese de la retención y reintegro de lo retenido con intereses.

¿Qué se resolvió?

se confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto fue materia de agravios, con costas de Alzada por su orden. La Cámara resolvió que:

La vía administrativa del art. 81 de la ley 11.683 no era exigible, porque la inconstitucionalidad de la norma es competencia exclusiva del Poder Judicial.

El precedente "García" (Fallos: 342:411) resulta aplicable, dado que la CSJN lo extendió a casos análogos sin análisis individual de vulnerabilidad, y las leyes 27.743 y decreto 652/2024 no implicaron un tratamiento diferenciado de los jubilados.

El reintegro alcanza los cinco años anteriores a la interposición de la demanda, conforme el art. 56 de la ley 11.683, contados desde el 1° de enero del año siguiente.

Corresponde la tasa pasiva mensual del Banco Central de la República Argentina.

Se rechazó la queja sobre intereses desde la demanda por falta de agravio, ya que el a quo lo había resuelto así.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Por lo tanto, he de concluir que resulta un ritualismo inútil exigir al beneficiario del haber de jubilación que siga de manera ineludible, y en extremo rigurosa en el orden formal, el procedimiento reglado por el artículo 81 de la ley 11.683, como lo pretende la demandada. Sobre todo, si se considera –como ya se dijo– que la cuestión no puede ser dirimida en sede administrativa, ya que es el Poder Judicial el habilitado para pronunciarse sobre la validez constitucional de las normas."

"[L]a autoridad institucional de los precedentes del Alto Tribunal, fundada en la condición de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, da lugar a que en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos sus conclusiones deban ser debidamente consideradas y consecuentemente seguidas tanto por aquella como por los tribunales inferiores."

"[L]a prescindencia del plazo de prescripción previsto por el Art. 56 de la ley 11.863 importaría una limitación al derecho del demandante a percibir las sumas que les fueron descontadas con apoyo en ese tributo declarado inconstitucional, lo cual no sería consistente con el marco de protección especial reconocido por la Corte Suprema en el mencionado precedente 'García'."

El Dr. Barral adhirió al voto precedente por análogas razones, sin fundamentos propios.