RODRIGUEZ PATRICIA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION

¿Quién es el actor?

RODRIGUEZ, PATRICIA, pensionada del causante ROBERTO GUSTAVO MIGLIO SALMO, jubilado del Poder Judicial como Agente Fiscal, nivel 20, con 35 años de antigüedad.

¿A quién se demanda?

Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reconocimiento del derecho a incrementar el haber de pensión con la subcategoría prevista por los Acuerdos 4093 y 4191 de la SCBA (planilla anexa a la Ley 10.374), con nulidad de la Resolución IPS N° 23.978 del 28/02/2024, retroactivo a la fecha de inicio de la pensión, con actualización e intereses.

¿Qué se resolvió?

se declaró la nulidad de la Resolución IPS N° 23.978 y se reconoció el derecho de la actora a que su prestación se liquide con la subcategoría aplicable según los años de antigüedad computables. Se ordenó el pago de las diferencias devengadas desde el 6/6/2025, a valor actual al quedar firme la sentencia, con intereses (6% anual hasta la firmeza y luego tasa pasiva del Banco Provincia). Se rechazó la prescripción bianual opuesta por la demandada. Costas a la demandada vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Las Subcategorías creadas por el Ac. 4093 y 4225 revisten la naturaleza jurídica de incremento salarial, sin que exista variación alguna en el cargo de revista."

"La única variable que contiene la nueva escala del poder judicial fue la clasificación de acuerdo a los años de trayectoria judicial."

"El adicional por subcategorías ostenta carácter remunerativo, y así también debe interpretarlo el IPS en tanto percibe mensualmente los aportes correspondientes por parte de los activos."

"Resultaría paradójico que una política pública impulsada para reconocer la trayectoria judicial ... termine avasallando derechos fundamentales de quienes ... registran las máximas escalas de trayectoria judicial, e integran un colectivo vulnerable -adultos mayores-."

La Resolución 23.978 "presenta por tanto un manifiesto vicio en la causa, en tanto ha valorado incorrectamente los antecedentes de hecho y de derecho", y su motivación resulta contradictoria, por lo que corresponde su nulidad.

La exigencia de capacitación no alcanza a los pasivos, pues la Suprema Corte no tiene competencia para regular el haber de los jubilados; la movilidad opera conforme al régimen previsional aplicable (arts. 14 bis CN, 7 Dec. Ley 7918/72, 40 y 50 Dec. Ley 9650/80).

Se invoca la movilidad jubilatoria como garantía constitucional, el principio de progresividad y el de igualdad, con cita de precedentes de la SCBA y de la CSJN y de la CIDH.

La Resolución SC 2039/26 de la Suprema Corte aclaró que los incrementos de los activos deben ser trasladados a los haberes de los pasivos del Poder Judicial.